La desconfianza vuelve a debilitar un posible pacto para reformar las pensiones

El plazo para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones se agota. El Gobierno y los agentes sociales apurarán hasta el 28 de enero -día en que el Ejecutivo aprobará el proyecto de ley- para alcanzar un pacto, pero a pesar de la firme voluntad de diálogo manifestada por las tres partes, el pesimismo se extiende. «Es posible un acuerdo, pero no lo veo claro», reveló el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Las partes negociadoras consumirán todo el tiempo que les queda. Por esa razón, CC OO ha convocado para el 1 de febrero a su Consejo Confederal y UGT ha hecho lo propio con su Comité Confederal, en ambos casos se trata de sus máximos órganos de decisión. Según cuál sea el resultado final de esos encuentros, las centrales darán su visto bueno a lo acordado por sus máximos dirigentes o decidirán endurecer las protestas.

El vicepresidente primero y ministro del Interior apuntó que son «muchas las cosas» que separan al Ejecutivo y a la patronal de los sindicatos porque «las restricciones de unos y otros son importantes». Pérez Rubalcaba abogó por alcanzar «acuerdos de mínimos» en los puntos más importantes a debate para contribuir a que la economía española recupere la credibilidad.

El número dos del Ejecutivo quiso aclarar que los temas que están ahora sobre la mesa son de carácter laboral: pensiones, negociación colectiva, expedientes de regulación de empleo (ERE) y políticas activas de empleo. Y negó que el Gobierno haya tratado con los agentes sociales otras cuestiones como la política energética, industrial y de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), pese a que constaban en el orden del día de la reunión del pasado lunes y en el documento remitido a los sindicatos. Esos asuntos -explicó- son más propios de la acción parlamentaria que del diálogo social.

«Una negociación televisada es muy difícil que salga adelante», precisó el vicepresidente, ya que es un proceso «complejo» y surgen noticias que «no ayudan» a su resolución. Fuentes conocedoras de las conversaciones también mostraron el malestar que existe entre todas las partes por «la multitud de portavoces existentes en torno a este proceso». Rubalcaba señaló que lo mejor es negociar «con discreción», porque se da «libertad» a todos los interlocutores para buscar soluciones.

Posturas alejadas

Las posturas todavía están muy alejadas. Los representantes de los trabajadores siguen negándose en rotundo a aceptar la jubilación a los 67 y al aumento a 37 años del mínimo de cotización para tener derecho a la pensión máxima. Los sindicatos insisten en dejar ambos marcadores tal y como están ahora.

Las tres partes coinciden en que hay que acercar la edad real de retiro (63,5 años) a la edad legal (65 años). El secretario de Seguridad de CC OO, Carlos Bravo, adelantó que el Gobierno ha planteado la eliminación de la llamada jubilación especial a los 64 años. Actualmente, los trabajadores de esta edad con un mínimo de 15 años cotizados, pueden jubilarse anticipadamente sin que se les apliquen coeficientes reductores que recorten su pensión.

Mientras, los sindicatos ven posible un acuerdo si no hay «intoxicaciones ni propuestas desconocidas». Los líderes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, mostraron su malestar por enterarse por la prensa de la implantación a partir de mediados de febrero de la nueva ayuda de 350 euros a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo. «La fecha límite está cercana y es momento de concretar posturas», avisaron.

El nuevo interlocutor con los grupos parlamentarios sobre la reforma de las pensiones, Jesús Caldera, es mucho más optimista que el resto. «No descarto que haya acuerdo, sé que es difícil, pero este país siempre ha avanzado con acuerdos», declaró el ex ministro de Trabajo.