El reto de recuperar la credibilidad del árbitro

El nuevo tribunal y su presidente deben resolver en los próximos meses recursos muy delicados que afectan a leyes y medidas polémicas, con una fuerte repercusión política y social.

El pleno, para lograr que estas resoluciones sean aceptadas sin desconfianza por los partidos y la sociedad, tiene como uno de sus retos más urgentes recuperar la credibilidad y la imagen de independencia indispensables para quien, como la corte, ejerce el papel de árbitro y máximo intérprete de la Constitución.

Esta credibilidad quedó socavada en los últimos años por la imagen de un tribunal político, que pareció moverse a impulsos de los intereses partidistas. Una sensación generalizada a la que contribuyeron sobremanera las peleas internas y bloqueos protagonizados por los magistrados para resolver el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la sentencia del estatuto catalán. La sensación tomó cuerpo tras el fallo, cuando la mayoría de los partidos catalanes y de izquierdas, quejosos de los recortes al texto autonómico, se echaron a la calle y dudaron sin ambajes de la legitimidad e independencia del tribunal.

En esta tarea tienen mucho que decir los propios magistrados, que pueden imponer su papel técnico sobre los intereses de los partidos que les catapultan al tribunal, pero necesitan también de la colaboración de PSOE y Partido Popular. Son quienes tienen la obligación de completar la renovación de la corte en tiempo y forma y de minimizar la sensación de cambio de cromos en la selección de candidatos para la institución.

El Constitucional tiene pendiente resolver recursos como el de la nueva ley de plazos para abortar, el del matrimonio homosexual o el presentado contra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. De igual manera, y entre otros asuntos, tiene que fallar varias impugnaciones que afectarán al desarrollo de la autonomía catalana en aspectos como la lengua o el sistema educativo.