Los progresistas colocan a Sala, el preferido del Gobierno, al frente del Constitucional

El sector progresista del Tribunal Constitucional logró ayer un pleno. Su actual mayoría en la corte, siete magistrados frente a cuatro conservadores, aupó a la presidencia del máximo intérprete de la Carta Magna al magistrado Pascual Sala, un jurista del gusto del Gobierno, y colocó al abogado catalán Eugeni Gay, un nacionalista moderado, como su vicepresidente.

Sala sustituye en el cargo a la también progresista María Emilia Casas, que cesó la semana pasada después de seis años al frente de la institución cuando el Senado, tras tres años de bloqueo político, renovó a los cuatro magistrados, entre ellos la presidenta, que habían agotado sus mandatos en 2007.

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convierte así en el octavo jefe de la institución y en el primer miembro de la carrera judicial que la dirige en tres décadas. Hasta ahora todos fueron catedráticos. De igual forma, es la primera persona que prácticamente ha copado los más altos cargos de la Justicia española (Poder Judicial, Supremo, Constitucional y Tribunal de Cuentas).

Pascual Sala fue elegido en menos de media hora. Su candidatura no obtuvo los seis votos precisos en la primera votación -mayoría absoluta-, pero sí en la segunda. Recibió el apoyo de todos los magistrados progresistas -Elisa Pérez, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ortega- excepto de Manuel Aragón, también aspirante al puesto, que votó en blanco. Los conservadores, conscientes de sus nulas opciones, ni siquiera dieron la batalla. Tres votaron en blanco y uno a Ramón Rodríguez Arribas.

Las votaciones fueron tan rápidas que la elección del vicepresidente, prevista para la tarde, se abordó de inmediato. La designación se resolvió en primera votación, con el apoyo a Gay de los mismos seis votos y con las papeletas en blanco de Aragón y los cuatro conservadores. Gay, que no apoyó a Sala en la primera votación para la presidencia, pero sí en la segunda, pudo aumentar con el cambio de postura las opciones de ocupar su nuevo cargo.

Viejas heridas

El resultado de las votaciones reflejalas heridas que en el tribunal dejaron tres años de luchas y duros debates internos para resolver el recurso que el PP interpuso contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Como ayer resultó evidente, Aragón, prestigioso constitucionalista y mentor del actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, perdió las numerosas opciones que tenía para sustituir a Casas cuando se enfrentó al resto de progresistas durante meses e impidió la sentencia menos agresiva con el Estatut que ellos patrocinaban.

El empeño del catedrático en anular ciertos aspectos soberanistas del texto, vaciar de todo contenido el término 'nación' del preámbulo y reiterar en el fallo la indisoluble unidad de la nación española, como la única constitucional, bloqueó la resolución y contribuyó a que la sentencia dictada en julio pasado fuese mucho más dura de lo previsto. El Ejecutivo socialista no ha hecho ni un guiño en su favor, ninguno de sus compañeros estuvo ayer dispuesto a votarle y él prefirió abstenerse que dar su apoyo a Sala, su rival directo. En cambio, tanto los socialistas catalanes como los independentistas de ERC mostraron su satisfacción por el resultado de las votaciones y por la derrota de Aragón.

Presidencia interina

La presidencia de Sala podría durar al menos hasta el verano de 2013, que es cuando agota sus nueve años de mandato como magistrado, pero la vicepresidencia de Gay terminará a corto plazo, en semanas o meses. Lo hará en cuanto PSOE y PP sean capaces de ponerse de acuerdo en el Congreso para renovar a los tres magistrados del tribunal que están en situación interina desde noviembre pasado, uno de ellos el ahora vicepresidente, y para cubrir la vacante dejada en mayo de 2008 por el fallecimiento de Roberto García-Calvo. Aún sin fecha, el cambio de un tercio del tribunal terminará con la anomalía actual -con once magistrados y no los doce constitucionales- y posiblemente obligará a Sala a someter su cargo a votación, reelección que debería lograr sin problemas ya que el nuevo pleno volverá a tener mayoría progresista (de siete a cinco).