El Estado acusa a Google de lucrarse con el rastreo de datos personales

Google no es un simple buscador de Internet. Su presencia dominante en el ciberespacio le exige responsabilidades. Tanto en el tratamiento de los datos que aparecen en los sitios web como en la posibilidad de eliminar aquellas referencias comprometidas.

Con estos argumentos, la Abogacía del Estado defendió ayer en la Audiencia Nacional la primera demanda presentada por Google España contra la Agencia Española de Protección de Datos, después de que el organismo público tramitase cinco resoluciones en la que solicitaba al buscador que aplicase el denominado «derecho al olvido», esto es, que suprimiese los datos de cinco particulares que habían denunciado la vulneración de su privacidad.

La Abogacía del Estado, en defensa de los intereses estatales, rebatió uno a uno el recurso del gigante de la Red (1.000 millones de usuarios en todo el mundo, 33 de ellos en España). Defendió el derecho de los usuarios «a que les dejen en paz», avaló la «legitimidad» de las denuncias particulares y concluyó que el papel del buscador va más allá de ser intermediario entre los usuarios y los sitios web de origen.

A preguntas del tribunal, el abogado del Estado, José Antonio Perales, respondió que Google no solo es un buscador al uso, «almacena en sus ficheros toda la información que capta, posee enlaces directos con los servidores y se lucra con el tratamiento de los datos gracias a su posición dominante». En suma, «a más contenidos indexados mayores ingresos publicitarios», resumió el abogado Gabriel Gómez, que representó a uno de los ciudadanos que buscó amparo en Protección de Datos.

Por su parte, el abogado de Google España, Luis Aparicio, hizo una encendida defensa del carácter universal de Internet como espacio sin barreras y admitió que el objetivo del Estado no era otro que limitar el impacto del buscador. Con la admisión del derecho al olvido «se quiere poner el cascabel al modelo Google, acabar con su negocio».

«Censura»

Para el representante legal de la compañía estadounidense, si el tribunal de lo Contencioso-Administrativo acepta la propuesta de Protección de Datos se podrían vulnerar derechos fundamentales (honor, información) y, lo que es peor, «nos encontraríamos ante un tipo de censura». Un argumento rebatido con ahínco por el abogado del Estado: «No hablamos de censura, sino de proteger la privacidad de las personas» perjudicadas por el efecto multiplicador de Google.

En la misma línea, el abogado Gabriel Gómez añadió que «no se puede proponer un escenario en el que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet». El letrado representa a un médico que fue imputado en 1991 por un asunto profesional y exonerado poco después. Su nombre apareció en un periódico nacional y fue recogido por el buscador. Cuando se teclea su identidad aparece la imputación. Una sombra que no le ha dejado desde entonces.

El tribunal, presidido por el magistrado Diego Córdoba, examinará en los próximos días los recursos y emitirá un fallo. Para la deliberación contará con un documento aportado a última hora por la Abogacía. Se trata de una resolución de un tribunal británico sobre contenidos injuriosos a una empresa aparecidos en una página web. Los magistrados concluyeron que si bien Google no es responsable del texto enlazado, sí lo es si no lo retira.