Las luchas internas en el régimen marcan la condena a Sakineh Ashtiani

El culebrón Sakineh Ashtiani parece no tener final. El caso de la condenada a muerte iraní más popular para Occidente eclipsa el ritmo frenético de ejecuciones que lleva la república islámica desde comienzos de año, al tiempo que se convierte en el centro de disputa en la cúpula del régimen. Mientras la responsable de la comisión de derechos humanos del Parlamento, Zohre Elahian, anunciaba por carta a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que «ha quedado suspendida la condena a muerte por ahorcamiento» de Sakineh, el fiscal general del Estado y portavoz del Poder Judicial, Gholam Husein Mohseni Ejei, negaba de lleno la suspensión de la pena máxima.

«Algunos medios de comunicación informaron de que la sentencia a la horca había quedado en suspenso. Pero los padres (del marido asesinado de Sakineh) insisten en que se haga efectivo el castigo», afirmó Ejei. Prosigue así la batalla dialéctica entre las facciones del régimen en una jornada en la que la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, con base en Nueva York, denunció 47 ejecuciones en los pocos días transcurridos de 2011.