Las defensas alegan que un policía infiltrado incitó a sus clientes a delinquir

El macrojuicio contra los 22 detenidos en la 'operación Bacalao', llevada a cabo por la Policía y Vigilancia Aduanera en Sanlúcar a mediados de 2008, comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz después de haber sido aplazado dos veces el pasado año. La Fiscalía acusa a todas estas personas de pertenecer a una banda organizada, dedicada al narcotráfico de hachís a través del Estrecho, y a la que de hecho se le llegaron a incautar más de seis toneladas de esta droga.

Ayer, en la primera jornada del -está previsto para 15 días- solo dio tiempo al turno de cuestiones previas, en el que, como suele ser habitual en este tipo de juicios, los abogados solicitaron al tribunal la nulidad de las escuchas telefónicas con el argumento de que éstas no estaban debidamente justificadas. Ayer, sin embargo, los abogados plantearon otras muchas «irregularidades» de la investigación, que la fiscal antidroga rebatió en su turno de réplica.

Entre esos supuestos errores, las defensas destacaron la participación de un agente infiltrado en el alijo, que colaboró en su preparación con los detenidos y cuyo papel fue fundamental para relanzar la operación, ya que esta quedó en vía muerta en abril de 2008. Los abogados, sin embargo, acusaron ayer a este agente de haber incitado a sus clientes a cometer el delito de narcotráfico, con el objetivo de detenerlos después.

Un delito provocado

«Se podría haber dado un 'delito provocado'; porque fueron los agentes quienes se ofrecieron para el negocio, sin que hubiese ningún plan anterior», sugirieron distintos abogados, que pidieron no solo que los pinchazos telefónicos fueran anulados, sino también que el juicio se suspendiera y que la causa regresara al juzgado de instrucción para reiniciar el procesamiento.

La respuesta del tribunal de la Sección Tercera a todas estas solicitudes se conocerá en la mañana de hoy. En caso de que las desestime y continúe el juicio, comenzará el turno de declaraciones de los acusados, aunque la mitad adelantó ayer que se negará a responder a las preguntas del fiscal. El juicio está señalado para las próximas dos semanas. La mayoría de los procesados se enfrentan a penas en torno a los cinco años y medio de cárcel (con más o menos meses de diferencia, según el papel que se les imputa). A cuatro de los imputados, en cambio, se les piden seis años y nueve meses, al ser considerados por la Fiscalía como los supuestos cabecillas. Aparte del elevado número de detenidos, la 'operación Bacalao' sirvió para retirar una gran cantidad de droga del mercado negro, ya que por un lado, se intervinieron 1.101 kilos de un alijo abortado el 30 de junio de 2008 en alta mar, cuando se transportaban los fardos en un barco pesquero; y por otro, los agentes hallaron otras cinco toneladas de hachís en cuatro registros domiciliarios que se realizaron en las provincias de Cádiz y de Alicante.