EL MUELLE Y EL FUTURO

Andamos enredados en la verja del muelle, la plaza del mar y demás polémicas, por no decir zarandajas, sin darnos cuenta de que lo que hay al otro lado de la valla no es un mirador, sino una industria esencial para la economía gaditana, que no anda, precisamente, sobrada de ellas. Primero vivir, o sea comer, y luego filosofar. Para dejarlo claro, con datos de un estudio de la UCA, el puerto de Cádiz da empleo a 17.700 personas, 4.400 de ellas de forma directa, y ha creado nuevos trabajos para otras 2.178 entre 1998 y 2006, última fecha estudiada. Supone el 4% del VAB (valor agregado bruto) provincial. Todo esto es más o menos sabido pero conviene usarlo como base para reclamar la unidad de las fuerzas políticas y de los ciudadanos en su defensa, ahora que se plantea la amenaza hacia los tráficos con Canarias por la línea abierta desde Huelva, cuyo puerto ha decretado una rebaja de las tasas del 40%. No se puede olvidar que no se trata de una empresa privada, aunque tenga que presentar números negros, sino de una infraestructura pública al servicio del desarrollo de su entorno. Por ejemplo, aunque al puerto no le resulte rentable la llegada de cruceros, que representan una parte muy pequeña de sus ingresos, debe invertir para favorecerlos porque beneficia al sector turístico de la zona.

Desde que en 1992 comenzó la reforma del sistema portuario, la liberalización ha sido progresiva hasta llegar a la ley aprobada el pasado verano, en virtud de la cual el puerto de Huelva se ha permitido la rebaja de tasas que tanto el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael Barra, como otros expertos consultados no dudan en calificar de «desleal», a pesar de que la competencia, que está en la ley, es buena para ganar en eficiencia y abaratar costes. De hecho, ya Acciona ha respondido bajando sus billetes desde Cádiz. Sin embargo, los puertos no pueden competir entre sí como empresas privadas. La APBC esgrime que la ley dice que «las tasas deben ser transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas» y que «los valores de los coeficientes y bonificaciones han de responder a criterios de interés general, medioambiental o de calidad», lo cual no es el caso del tráfico con Canarias para Huelva, que nunca lo ha tenido. Cádiz no puede competir, porque si entra en la guerra de precios pierde la mínima rentabilidad que también le exige la ley. Algo huele raro. La rebaja no va a beneficiar al puerto, ni a la comunidad, ni al sistema portuario en general, sino a la empresa: la naviera Armas, que es accionista de Acciona, se ahorra un pico y abre una nueva línea de negocio.

En estos inicios del conflicto se echa en falta mayor sintonía entre la ciudad y su puerto. El Ayuntamiento, que representa a Cádiz, y demás responsables públicos tendrían que hacer frente común para apoyar «al muelle», y la Consejería de Obras Públicas, por mucho que sea de toda Andalucía, no debe ponerse de perfil en un asunto tan importante para la Bahía. Mañana lunes hay reunión. Necesitamos todos los empleos que tenemos y todos los que podamos crear.