Rubalcaba apela a la responsabilidad del PP para renovar el Constitucional

El Gobierno reclamó ayer un ejercicio de «responsabilidad» al PP para que su grupo parlamentario y el socialista desbloqueen lo antes posible las negociaciones para designar a los tres miembros del Tribunal Constitucional que agotaron su mandato en noviembre pasado y para cubrir la vacante que la corte tiene desde 2008 por la muerte del magistrado Roberto García Calvo.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró el «máximo respeto» por el rapapolvo que la expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas, endilgó el miércoles pasado a los dos grandes partidos en su discurso institucional de despedida. Casas dijo que incumplen sin pudor los plazos constitucionales para la renovación del tribunal por intereses partidistas y que han trasladado a la ciudadanía la sensación de que las negociaciones para la designación de magistrados son «un reparto» político de puestos en una institución clave, que es el árbitro último de la constitucionalidad de las leyes. La presidenta saliente advirtió a PP y PSOE de que no pueden mantener como hábito el incumplimiento grave de la Constitución ni insistir en actitudes que socavan la legitimidad e independencia de los miembros del tribunal y reclamó una reforma legal de los procedimientos de elección si se considera necesaria.

Rubalcaba aseguró que el Ejecutivo desea un acuerdo en el Congreso para designar a los cuatro magistrados pendientes «cuanto antes», pero recordó que para lograr la mayoría de tres quintos que requieren es indispensable el consenso en los candidatos de PP y PSOE y que para que «dos se pongan de acuerdo hace falta voluntad de los dos».

Aunque dijo no querer atacar a la oposición para facilitar el pacto, responsabilizó a los populares del atasco en la renovación y de la ruptura de las conversaciones .

«Obstáculo insalvable»

El vicepresidente defendió que los socialistas ya han puesto de manifiesto su voluntad para el acuerdo, pero que el PP, con su obstinación en que el magistrado Enrique López sea uno de los designados, «pone sobre la mesa un obstáculo insalvable». Aclaró que no se trata de que los socialistas aprecien o no en el jurista méritos suficientes -que no aprecian- sino de que, como resolvió el Senado, no cumple los requisitos mínimos fijados por la ley para aspirar a la plaza. «Así, es muy difícil ponerse de acuerdo», dijo.

El portavoz del Ejecutivo fue aún más lejos y dio a entender que el colapso en las renovaciones -la anterior se retrasó durante tres años y la actual no tiene fecha para un acuerdo- se debe a la tendencia al bloqueo del PP siempre que gobierna el PSOE. Señaló que si se consultan las hemerotecas se verá que con gobiernos populares las altas instituciones del Estado siempre se renuevan «en plazo», pero con los ejecutivos socialistas no. «Seguramente es un casualidad -indicó sarcástico-, pero cuando se reproduce una y otra vez a lo mejor lo que ocurre es que estamos ante una cosa distinta de una casualidad histórica y podemos hablar más de una cuestión de voluntad». No solo hacía referencia a la falta de acuerdo para renovar el Constitucional sino también a la interinidad en la que viven desde hace meses por igual desencuentro político el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Consejo de RTVE, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado. Rubalcaba añadió que, pese a la propuesta de Casas, no cree que con una reforma legal de los procedimientos parlamentarios para la elección de los magistrados de la corte se pueda terminar con los incumplimientos de los plazos de recambio. «Ojalá», comentó, antes de recordar que la norma se ha cambiado hace poco y «parece que no está dando resultado».