El sí de la desesperación

«Estaba convencido de que iba a votar que no, pero esta mañana ya me entraron las dudas y al final cuando vi la urna decidí que sí, pero porque ya no puedo con esta desesperación». Es el sentir que se respiró ayer en los diferentes centros a los que acudieron los ex trabajadores de Delphi para decidir su postura ante el nuevo acuerdo propuesto por la Junta. Ganó el 'sí'. La duda y la incertidumbre se adueñaron tanto de San Fernando como de Puerto Real, Jerez y El Puerto para decantar la balanza en busca de un clavo ardiendo al que agarrarse. Razón por la que cuando se tuvo que soltar la papeleta, pudo la seguridad de estar un año y medio más en los cursos, a pesar de la reducción de las ayudas, y la esperanza de que en ese tiempo llegue una empresa que haga que todo lo vivido se recuerde como un mal sueño.

Estaban llamados a votar el preacuerdo un censo total de 635 afectados, habiendo ejercido finalmente su voto el 80% (508 afectados), de los que el 62,4% ha respaldado el documento (317 votos), el 35,6% se ha mostrado en desacuerdo (181 votos) y casi un 2% ha votado en blanco (diez personas), no habiéndose producido ningún voto nulo.

Así las cosas, los representantes de los ex trabajadores de Delphi quedan a la espera de que la Junta de Andalucía les cite a una reunión para «concretar el acuerdo» y perfilar algunos asuntos que quedaban «pendientes» de que el colectivo de afectados diese o no su aprobación.

Finalmente se ratificó, aunque no estaba nada claro y menos cuando se fue a abrir la urna en San Fernando pasadas las ocho y media de la mañana. El colectivo aún le daba vueltas a ciertos puntos del documento ante la falta de precisión de los mismos y estaba dispuesto a cancelar el proceso hasta que la Junta los concretara. Dos de los apartados provocaron la discordia tanto por sus contradicciones como por la indefensión que sintieron los votantes en ese momento. Querían que les explicaran si las ofertas de empleo iban a ser obligatorias para su aceptación y si eso significaba quedar desvinculado ya del proceso de recolocación, aunque se produjera un despido improcedente o la quiebra de la nueva empresa. Mientras se debatía, las votaciones comenzaron y la tensión hizo que se parara por unos minutos el proceso, para reiniciarse instantes después, desarrollándose sin ningún tipo de incidencia posterior. Todo ello retrasó la llegada de la urna al resto de las localidades pues tras salir de San Fernando, casi a las diez, se dirigió a Puerto Real. Otro lugar, otras caras, pero el mismo ambiente, dudas e incertidumbre que se respiraron también en Jerez y El Puerto. Antes de las tres de la tarde ya se tenía el resultado que se decantó por lo que la Junta había puesto sobre la mesa. El Gobierno regional ha cedido en sus planteamientos iniciales y garantiza otros 18 meses de formación con un contrato especial por el que percibirán al mes y en catorce pagas una media de 1.200 euros. Esta cantidad supone 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional y recorta en unos 300 euros la cantidad que percibían hasta la fecha.

Claro que también han tenido que sacrificar algunas de las ventajas con las que contaban desde que cerró la factoría de Puerto Real. La máxima preocupación está en la caída de la cotización y las facilidades para la desvinculación del proceso que quita las garantías que la administración andaluza se había comprometido a respetar hasta que se concluyera el plan de recolocación, que vuelve a tener una fecha de caducidad. El proceso finalizará en septiembre de 2012. Si en esa fecha aún hay trabajadores sin empresa, no tendrán ningún papel firmado al que acogerse y perderán toda la cobertura social.

De ahí que más de uno se replantee los 45.000 euros que la Junta ofrece a cada ex trabajador que antes del próximo 28 de febrero decida abandonar de forma voluntaria el proceso de recolocación y opte por el autoempleo. Esta cantidad será de 30.000 euros si la decisión se toma después.

En cuanto a los terrenos que ocupa la fábrica El Trocadero, la Junta se compromete a seguir trabajando para hacerse con su titularidad y ubicar en ellos una empresa de calado. Para ello, la Administración regional no descarta interponer una denuncia penal contra la dirección de Delphi por el impago de los diez millones de euros que se comprometió a abonar para saldar la deuda con proveedores.

Darle vueltas a la cabeza

«Si te vas, ¿ese dinero realmente te va a servir para aguantar tal y como está la cosa? Si no hay nada. ¿De verdad van a venir empresas? Lo que nos queda es rezar y que se produzca un milagro». Corros y grupos. Era la imagen que se podía observar en cualquiera de las sedes, tanto antes de comenzar las votaciones como cuando acabaron. Desde que conocieron la oferta de la Junta los afectados no han hecho otra cosa que darle vueltas a la cabeza en busca de lo mejor. «Es que no hay nada. Si no nos acogemos a esto no hay nada». Uno tras otro daban su opinión, su punto de vista, exponían sus miedos y al final la impotencia de ver como tras más de 20 años de trabajo, todo lo conseguido chocaba contra la inestabilidad y precariedad de la situación actual. «¿A dónde voy con 45 años?». Por ello, eran pocos los que tenían claro lo que iban a hacer. La mayoría preguntaba para tentar el ambiente, pero la respuesta era la misma: «Cuando eche la papeleta te lo diré».

Al final ganó el sí y como suele ocurrir hubo opiniones para todos los gustos. Por parte de los sindicatos se mostró la satisfacción «por haber avanzando en este proceso y conseguir un paso más», tal y como argumentó el representante de UGT Antonio Montoro. La otra versión la exponía el presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza. «Han engañado al colectivo porque el PSOE es incapaz de traer trabajo a la Bahía. No lo ha sido antes ni lo será ahora. Me alegro de que al menos no se deje indefenso a los afectados».