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El Gobierno suaviza la reforma laboral a cambio de la jubilación a los 67 años
El Ejecutivo y los sindicatos sientan las bases para un gran pacto sobre las modificaciones pendientes
MADRID. Actualizado: GuardarEl pacto entre el Gobierno y los sindicatos es posible. Paso a paso, la distancia entre ambos se va reduciendo, algo impensable hace siete días. Los encuentros del fin de semana han calmado las tensiones y los representantes de los trabajadores ya han retirado su amenaza de una nueva huelga general para el mes de enero. En los mimbres del acuerdo figura el replanteamiento de uno de los puntos más duros de la reforma laboral y que más rechazo suscitó entre las centrales a cambio de que estas acepten la jubilación a los 67 años. El Ejecutivo propone excluir de los despidos procedentes con 20 días de indemnización a las empresas que aleguen solo pérdidas temporales. Las reuniones se retomarán hoy con la presencia del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell.
La ley del trabajo ahora vigente contempla la posibilidad de despedir por causas objetivas cuando una empresa acredite una situación económica «negativa», como consecuencia de «pérdidas actuales o previstas». Pero su desarrollo reglamentario, que negocian en estos momentos Ejecutivo y sindicatos, buscará suavizar este aspecto tan lesivo para los intereses de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo e Inmigración deja claro en el borrador que ha ofrecido a CC OO y UGT que las pérdidas no pueden tener un carácter «meramente coyuntural».
En el caso de que una empresa tenga que iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) si prevé entrar en números rojos, tendrá que presentar «un informe técnico sobre el carácter y evolución de esas pérdidas», apoyado por sus cuentas anuales, los datos del sector, de la evolución del mercado y del peso específico de la empresa dentro de su segmento.
El Gobierno también amagó con reformar la negociación colectiva -si los interlocutores sociales no llegan a un acuerdo antes del 18 de marzo- mediante la supresión de la llamada 'ultraactividad' de los convenios. Eso quiere decir que si la dirección y los trabajadores de una empresa no llegan a un acuerdo en la revisión de un convenio en determinado plazo, las ventajas conquistadas desaparecen a expensas de lo que contenga un nuevo acuerdo. El Ejecutivo ofrece ahora a los sindicatos un enunciado más flexibles y alejado de las posiciones empresariales.
Las pensiones siguen siendo el núcleo duro de una negociación que ahora se ha ampliado. UGT desveló ayer que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero pretende eliminar el retiro parcial en la reforma de las jubilaciones, una fórmula utilizada por las empresas para rejuvenecer sus plantillas pero que acarrea elevados costes al Estado. Tras el plan de austeridad que puso en marcha en mayo, el Ejecutivo endureció las condiciones para acceder a este tipo de retiro. Desde entonces, solo podían beneficiarse de esta modalidad los mayores de 61 años con un mínimo de 30 años cotizados a la Seguridad Social y al menos seis de antigüedad en la empresa. Según explicó ayer el secretario de Acción Sindical ugetista, Toni Ferrer, el Gobierno pretende hacer desaparecer este tipo de retiro.
No habrá huelga
«En enero no habrá una huelga general». Así de tajante se mostró el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, debido a que existe una expectativa de negociación real. «Los sindicatos hemos entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro en materias de negociación», apuntó.
El líder de Comisiones se congratuló, en declaraciones a Catalunya Radio, de que en los últimos encuentros, el Ejecutivo haya aceptado «no hablar de pensiones de forma reduccionista y solo en clave de retraso de la edad de jubilación» y que haya incluido «factores de flexibilidad». En la mesa de la negociación se han incorporado cuestiones como la situación de las personas afectadas por la desaparición del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) -la popularmente conocida ayuda de 426 euros-. A pesar del optimismo y euforia generalizada, admitió que las posiciones aún siguen «alejadas».
«Hay que constatar que hablamos de un pacto amplio y por tanto hemos apartado la tensión y la confrontación», apuntó a la misma emisora el líder de UGT, Cándido Méndez, que animó al Gobierno a aprovechar la predisposición de llegar a un acuerdo y se mostró a favor de «profundizar el consenso».