La Fiscalía mantiene la mano dura contra el entorno etarra

Mano dura contra el entorno de ETA. La Fiscalía lo tiene claro y así lo confirmó ayer en el primer juicio por terrorismo que se celebra en la Audiencia Nacional tras el comunicado de la organización terrorista del lunes. Se sentaba en el banquillo la última portavoz de la ilegalizada Askatasuna, la plataforma sucesora de Gestoras Pro-Amnistía, y la petición de condena del Ministerio Público se mantuvo inamovible: 12 años de cárcel para Oihana Aguirre al considerar acreditada su pertenencia a ETA. La acusada, por su parte, se negó a responder a las preguntas de las acusaciones.

La fiscal Carmen Monfort recordó que Aguirre participó entre 2006 y 2007 en una docena de actos de Askatasuna, organización ilegalizada por el Tribunal Supremo. Señaló que cuando fue detenida, el 2 de octubre de 2007, llevaba en su bolso una memoria portátil que contenía documentos sobre la implantación de Askatasuna y otro con medidas para eludir la acción policial.

La calificación de la fiscal fue parecida a la solicitada por la acusación popular del proceso, la Asociación Víctimas del Terrorismo. La AVT reclamó al tribunal 13 años de cárcel contra Ohiana Aguirre por su condición de dirigente de Askatasuna en Guipúzcoa y recordó que el Supremo ya establece desde hace unos meses el carácter terrorista de la plataforma en apoyo de los presos etarras, que en su momento cogió el testigo de Gestoras Pro-Amnistía, también ilegalizada.

La defensa de la acusada intentó probar que en el periodo en el que se le vincula a Askatasuna trabajaba en una 'ikastola' y recordó que las penas de cárcel solicitadas son superiores a las que el Supremo impuso en su momento a los dirigentes de Gestoras Pro Amnistía. El juicio quedó visto para sentencia.