La nueva ley satura los juzgados de lo Penal

La última reforma del Código Penal ha terminado de darle la puntilla a los funcionarios de los juzgados jerezanos. Una modificación que, independientemente de los pros o los contra que pueda suscitar en términos estrictamente legales, ha llegado en el peor momento para unos órganos saturados de trabajo que ahora afrontan una tarea adicional casi imposible de llevar a cabo.

En poco más de 15 días de implantación de la reforma, los juzgados penales acumulan ya casi 500 sentencias pendientes de revisión, que se han sumado a los alrededor de 1.000 casos que se amontonan del año anterior. Fuentes del Sindicato Profesional de la Justicia han confirmado este punto, trasladando el malestar de una plantilla que se declara totalmente impotente para resolver satisfactoriamente la situación que se le viene encima.

«En la Audiencia Provincial de Jerez ya hay 300 sentencias por revisar, pero es que en Penal el número llega casi a 500, porque hay que tener en cuenta que se tienen que estudiar sentencias desde 2008. Eso es muchísimo trabajo». Desde la organización recuerdan sin poder ocultar cierta decepción que los sindicatos han pedido en reiteradas ocasiones soluciones a la Consejería de Justicia tales como el aumento de plantilla, la habilitación de al menos un juzgado más de lo Penal o que se vuelvan a implantar las horas extraordinarias por las tardes, pero de momento ninguna de estas demandas ha tenido respuesta.

«El volumen de trabajo es increíble -insisten-. Entre unas cosas y otras, en Penal ahora mismo hay casi diez veces más trabajo que en la Audiencia». Como se recordará, la modificación del Código Penal entró en vigor el pasado 23 de diciembre, aunque los juzgados se han puesto manos a la obra desde que empezó el año. La reforma obliga a la revisión de sentencias relacionadas con determinados delitos como narcotráfico o contra la seguridad vial.

Carácter retroactivo

Como se han reajustado las penas, la norma se aplicará con carácter retroactivo a fallos judiciales dictados a partir del año 2008 siempre y cuando supongan un beneficio para los condenados. El resultado de esto es que, lógicamente, muchos han sido los particulares que han solicitado la revisión de su sentencia, más las peticiones que se han producido en este sentido de oficio.

En lo que se refiere a la plantilla de estos órganos, los funcionarios reconocen estar «resignados» ante la avalancha de expedientes, aunque siempre les queda la esperanza de que la Administración recapacite y adopte algunas de las medidas que han sido sugeridas por los sindicatos.

Los abogados de muchos de los beneficiados, por su parte, también trabajan a destajo revisando los casos en los que sea procedente realizar una revisión que permita a sus representados ver adelantada su salida de prisión.