Un colectivo remiso a participar en la conformación de los ayuntamientos

Nada asegura que los esfuerzos que han emprendido los dos partidos mayoritarios para granjearse el voto de los nuevos electores tengan frutos notables. Habrá que esperar a ver cómo se cierra el censo de extranjeros residentes con derecho a voto, a partir del próximo 15 de enero, para saberlo, pero la experiencia de años anteriores no es muy halagüeña. En 2007, fecha de los últimos comicios locales, apenas una cuarta parte de los inmigrantes comunicaron su voluntad de votar. O sea, de los 1,7 millones de ciudadanos de la UE residentes en España tan solo había inscritos antes del 15 de diciembre, por procesos previos, algo más de 360.000.

El PP se queja de que el Gobierno haya decidido enviar una comunicación de aviso para que sepan que deben registrarse antes de votar tan solo a nuevos comunitarios y a los que votarán gracias a convenios (estos últimos, en principio, más favorables a su intereses), pero no alemanes, italianos, ingleses, franceses, polacos, etc.

Otro reto es el de movilizar a los 380.000 ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en los últimos cuatro años. Los más numerosos son, de nuevo, de origen ecuatoriano.

Lo que unos y otros tienen claro es que desempeñarán un papel fundamental en los municipios del arco mediterráneo y de Madrid. En la provincia de Barcelona -pieza clave para los socialistas- los nuevos votantes por convenio suponen un 5,18% del padrón, según los datos del PP, y los comunitarios, un 3,22%. En la Comunidad de Madrid la cifra es aún más elevada: los no comunitarios con derecho a voto llegan al 7,21% y los de la UE el 6,87%. En Murcia los iberoamericanos son el 5,5% y los europeos el 5,49%; en la Comunidad Valenciana los comunitarios son un 10,82% (y hasta el 16,45% en Alicante); y en Baleares llegan al 11,82%.