EL ÚLTIMO TREN PARA ZAPATERO

No hay reto más necesario que el de revertir una desorbitada cifra de paro, que supera ya el 20%. La realidad de más de 4,5 millones de desempleados eclipsa cualquier otro objetivo, pero todo hace presagiar que la mejoría sólo llegará a cuentagotas en 2011. José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto, quizá por primera vez desde que llegó a la Moncloa, las luces largas y defiende con uñas y dientes su reformas estructurales. Ahora tiene ante sí una dura carrera de obstáculos.

Pensiones conflictivas

Es el desafío más inmediato. El 28 de enero el Consejo de Ministros aprobará, sí o sí, un proyecto de ley que elevará la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Zapatero es inflexible en este punto y lo único que admite son excepciones en caso de carreras largas o profesiones con fuerte desgaste físico. Aún está por determinar cuál será el período de cálculo, que podría moverse entre los 20 o 25 años, desde los 15 actuales y las exigencias para acceder a la pensión máxima. Pero el presidente del Gobierno ya ha adelantado que no le temblará el pulso, convencido como está de que el modelo actual será insostenible dentro de 15 años y de que ese hecho penaliza ya a España frente a sus acreedores. La determinación de Zapatero aboca al Ejecutivo a un escenario de conflicto con los sindicatos, a cierta convulsión interna en el PSOE y a un esfuerzo ímprobo de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. Es previsible que finalmente cuente con PNV y CiU para la aprobación en las Cortes de una reforma que, en todo caso, tendrá una aplicación gradual -es decir, la edad de jubilación no subirá dos años de la noche a la mañana, sino poco a poco a lo largo de la próxima década-, pero aún no cuenta con su visto bueno.

Los debates en el Pacto de Toledo han demostrado una severa oposición, por supuesto de las fuerzas de izquierda, pero también del resto de grupos, a la imposición de los 67 años. Se aboga, más bien, por buscar fórmulas que permitan acercar la edad real de jubilación, hoy en 63,7, a la legal.

Diálogo de sordos

Los planes del presidente del Gobierno respecto a las pensiones han terminado de complicar la ya maltrecha relación con los sindicatos. Los efectos desengrasantes que, supuestamente, perseguía el nombramiento del ex secretario general de Empleo Valeriano Gómez, como ministro de Trabajo se han desvanecido visto el escaso margen de maniobra del que, realmente, disfruta. La amenaza de una nueva huelga general pende sobre el Ejecutivo y, de hecho, los sindicatos vascos ya la han convocado para el 27 de enero.

El éxito del paro del 29 de septiembre fue discreto, pero el Gobierno no lo minusvalora. Sabe que los sindicatos siguen siendo las estructuras organizativas con mayor capacidad de movilización y sabe también que muchos socialistas comulgan con ellos. Zapatero está dispuesto a pagar el precio en el caso de las pensiones, pero aspira a ser capaz de llegar a un acuerdo en el desarrollo de los reglamentos de la reforma laboral, que abordarán cuestiones como el modo en que una empresa debe acreditar pérdidas previstas para poder despedir a sus empleados con solo 20 días por año trabajado; las condiciones para acceder a la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social; el funcionamiento de las agencias privadas de colocación o el papel sindical en caso de descuelgue del convenio.

Además, quiere abordar ya la reforma de la negociación colectiva. De momento, ha dado de plazo a los agentes sociales hasta el 19 de marzo.

Elecciones con mal cariz

No son sus elecciones, pero los comicios de mayo serán determinantes para medir la resistencia de Zapatero, como líder del PSOE, después de tres años de cruenta crisis económica.

Los ánimos de los dirigentes autonómicos rozan el suelo. En los últimos meses han visto cómo el clásico discurso socialista de «no dejaremos a nadie en la cuneta» hacía aguas. Primero, con la congelación de las pensiones, el recorte de las inversiones en infraestructuras y la congelación del sueldo a los funcionarios; después con la reforma laboral, y, este último mes, con la eliminación de la ayuda de 420 euros para quienes hubieran agotado la prestación por desempleo. En una reciente reunión de su ejecutiva, el líder socialista se vio obligado a justificar además su empeño en reformar ya las pensiones, en plena precampaña, y a asegurar que no se pretende favorecer a los planes privados. Muchos se temen un vuelco del mapa autonómico y una debacle en las grandes ciudades. Retener Castilla-La Mancha, Barcelona o Sevilla sería considerado un éxito.

Sucesión incómoda

Zapatero siempre vio con buenos ojos la decisión de José María Aznar de limitar su mandato a dos legislaturas, pero sostiene que al anunciarlo con tanta antelación incurrió en un error de cálculo político. Él mantiene la incógnita con el argumento de que ahora debe centrar toda su atención en sacar a España de la crisis «le cueste lo que le cueste».

De momento, le está costando la salud mental de su partido, sobre todo, de aquellos que concurren a las elecciones este año; de aquellos que miran de reojo hacia Alfredo Pérez Rubalcaba sin saber si deben empezar a obedecerle y de los que dudan si es momento de organizar la resistencia. Muchos dirigentes de peso situaban hasta hace unos días en mediados de 2011, tras los comicios, la fecha del anuncio. El presidente del Gobierno parece ligarlo más, sin embargo, a la coyuntura económica. Quiere ver que las reformas están en marcha y que el panorama se estabiliza antes de soltar la bomba.

Estabilidad asegurada

El acuerdo presupuestario sellado con el PNV este otoño permitió al PSOE respirar tranquilo después de año y medio de zozobra y negociaciones de infarto con unos y otros para sacar adelante sus propuestas.

El Gobierno de Zapatero ha legislado a golpe de decreto en no pocas ocasiones, pero también esa fórmula exige cuando menos la abstención de uno de los dos grandes grupos minoritarios de la Cámara. Ahora, después de que el PSC oyera sus plegarias y facilitara la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat en Cataluña, los socialistas aspiran a contar con el apoyo activo de CiU.

El comodín de nacionalistas vascos y catalanes es goloso, pero el Ejecutivo no puede dormirse en los laureles. Cerró el curso parlamentario con un serio revolcón: el rechazo unánime de todas las fuerzas sin excepción a la llamada 'ley Sinde', un apéndice artificial de la mastodóntica y parcheada Ley de Economía Sostenible (LES) que pretendía regular las descargas ilegales de Internet.

En cartera tiene proyectos polémicos como la reforma del Código Penal para arrebatar la patria potestad a imputados por malos tratos, en enero; la ley de cuidados paliativos y muerte digna, en marzo; o la reforma de los consejos autonómicos de Justicia en abril.

Diplomacia económica

La política exterior, ahora, está supeditada a la economía. José Luis Rodríguez Zapatero tiene la vista puesta, sobre todo, en Europa. La necesidad de defender la solvencia del euro obliga a un esfuerzo de coordinación real que obliga a ceder mayor soberanía. Sostiene que nos dirigimos hacia la armonización de la política laboral, fiscal e incluso educativa.

Esperando el fin de ETA

Más pronto que tarde, se espera un comunicado de ETA en el que, según los vaticinios de Batasuna, anunciará una tregua unilateral, verificable y permanente. El Gobierno da por hecho que el final de la banda no llegará de la noche a la mañana y que, en el mejor de los casos, los terroristas irán disolviéndose poco a poco.

El debate en el mundo etarra coloca, aun así, al Ejecutivo en una situación compleja. Está obligado a mantener la política de dureza y unidad democrática sin frustrar los intentos de quienes desde dentro tratan de acelerar el final de la violencia.