Los sindicatos deciden el 10 y el 11 las protestas contra la reforma de las pensiones

Los sindicatos no perciben en el Gobierno los signos de rectificación que demandan. El balance anual el presidente Zapatero hizo tras el último Consejo de Ministros del año redujo las ya escasas expectativas que el dictamen de la Comisión del Pacto de Toledo había suscitado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no supere la línea roja que se han marcado y que hace referencia a la extensión de la edad de jubilación. Los contactos, no obstante, van a proseguir en fechas inmediatas, porque los días 10 y 11 de enero son decisivos para la convocatoria de movilizaciones e incluso de una huelga general, que podría celebrarse en torno al 26.

El 11 de enero presentará el Jefe del Ejecutivo en la Moncloa su informe económico anual correspondiente al año que ya ha concluido. Es de prever que en esa ocasión detalle aspectos todavía más concretos sobre su programa de reformas, junto al adelanto de las proyecciones que el Ministerio de Economía ya puede realizar sobre el cierre de 2010, con datos sobre la evolución de la actividad y de la ejecución presupuestaria. La caída del Producto Interior Bruto podría ser ligeramente inferior a las proyecciones que mantiene el Gobierno -un 0,3% de descenso, que los servicios de estudios privados y las instituciones internacionales ya han mejorado en una décima- y también que el déficit del Estado sea algo menor de lo proyectado.

Pero los interlocutores sindicales contemplan con mayor inquietud la deriva reformista de Zapatero. Si los contactos de última hora no les tranquilizan, la dirección de UGT el día 10 y la de Comisiones Obreras 24 horas más tarde, analizarán la conveniencia de repetir la convocatoria de huelga general. Supondría el último y definitivo cartucho antes de que el 28 de enero el Gobierno apruebe la reforma de las pensiones y empiece a encarrilar sus ideas sobre los cambios en la negociación colectiva.

UGT y CC OO todavía consideran que hay un resquicio para la esperanza, por más que, según reconoció Cándido Méndez, esas expectativas ese pensamiento «probablemente no tengan mucho fundamento». Pero lo que tienen claro es que no les sirven las precisiones del Jefe del Ejecutivo, cuando anunció que la jubilación a los 67 años se implantará de forma progresiva, para su plena vigencia en 2027. Consideran que esa precisión que solo busca «amortiguar el impacto».

Por eso siguen depositando su confianza, no solo en las negociaciones discretas que van a mantener con el Ejecutivo durante la semana de Reyes sino también en la consideración de que los cambios en las pensiones han de pasar por el Parlamento, y aún está por construir la mayoría que los apoye. Recuerdan que Convergencia i Unió no acepta «hoy por hoy» la prolongación obligatoria de la vida laboral y se remiten a las posiciones adoptadas en el marco de la comisión del Pacto de Toledo por las demás fuerzas políticas, excepto el PSOE, para concluir que «algo debiera cambiar».