El Pacto de Toledo aprueba la receta para la reforma de las pensiones

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo salvó los muebles. Aprobó, por 36 votos frente a 2, y pese a las reticencias de una mayoría de los grupos y el frontal rechazo de la izquierda, un documento de 21 recomendaciones que incorpora en su texto dos novedades respecto a las ediciones de 1995 y 2003: por un lado, una crítica generalizada al Gobierno por la congelación de las pensiones y, por otro, el reconocimiento de la abierta discrepancia a la hora de determinar la edad legal de jubilación.

El PP, que suscribe el texto, ya ha adelantado que cuando se someta a votación en el pleno del Congreso, en los días 25 y 26 de enero, defenderá un voto particular para que se reconozca de forma explícita el techo de los 65 años. Una mayoría de las fuerzas políticas -de la que forman parte los nacionalistas CiU y PNV- sugiere al Gobierno dar marcha atrás en sus enunciados, de manera que la prolongación de la edad de jubilación sea voluntaria y el objetivo de la extensión de la vida laboral se alcance mediante incentivos a la permanencia de los trabajadores en las empresas, y también a través de la coacción, poniendo serios obstáculos a las prejubilaciones.

Cuatro partidos -ERC, IU, ICV y BNG- se declaran abiertamente en contra del informe y no han dudado en llamar a la movilización ciudadana contra los planes del Gobierno. Sospechan que, pese a los muy abiertos enunciados de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el Ejecutivo los utilizará como soporte para sacar adelante una políticas de recortes de la protección social -«hachazos», los denominó Gaspar Llamazares- en el proyecto de ley que el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar el día 28 del próximo mes.

Todas las fuerzas políticas, excepto el PSOE, lamentaron la interferencia del Ejecutivo que, tal vez presionado por los mercados, remitió a Bruselas a comienzos del año que ahora termina una propuesta de reforma del sistema de pensiones que extendía la edad legal de jubilación a los 67 años. A su juicio, sin que esa urgencia respondiera a motivaciones reales -las necesidades del sistema se dejarán notar dentro de 15 a 20 años- su posición puso a los miembros del Pacto de Toledo «a los pies de los caballos». Por eso fue generalizada la crítica al presidente Zapatero y, en menor medida, al ministro de Trabajo. «El vértigo del procedimiento nos ha hecho imposible concluir un trabajo redondo», se lamentó el popular Tomás Burgos.

Mayoría parlamentaria

Salvando esa presión, la adhesión al documento de conclusiones mostró distintos grados de entusiasmo. Carles Campuzano, de Convergencia i Unió, defendió que el informe lanza a la ciudadanía el mensaje de que los grupos políticos apuestan por dar estabilidad a los pensionistas de hoy, a quienes se van a jubilar en los próximos años, y también a los del futuro. El portavoz del grupo catalán reprochó la posición de la izquierda, por entender que «una mayoría contundente» de apoyo al documento del Pacto de Toledo tendría el efecto de forzar al Gobierno a no dejar de lado estas recomendaciones.

El mensaje que el representante de CiU dirigió al Gobierno fue muy claro. No está dispuesto a apoyarle si el proyecto de ley incluye la jubilación 'obligatoria' a los 67 años. Pero nada está descartado si la flexibilidad anunciada en su aplicación, junto con otras medidas alternativas, convence a los nacionalistas.

Emilio Olabarría, por el PNV, dudó de la oportunidad de proceder a las reformas en plena etapa de austeridad y contracción del gasto. ¿Acaso no se podría haber esperado uno o dos años?, se preguntó. En todo caso, Olabarría abogó por sistemas alternativos a la prolongación de la edad legal de jubilación, como un estricto control de las prejubilaciones, en muchos casos utilizadas como principal «instrumento de ajuste del empleo». Desde el PP, Tomás Burgos censuró los intentos de desprestigiar los trabajos de la comisión. «Son una rara avis en la política española -dijo, en referencia a la búsqueda de consenso- y, como tales, debieran ser protegidos». «El Gobierno haría bien en respetarlos y asumirlos -aconsejó- y por eso le pedimos que rectifique en su pretensión de elevar la edad legal de jubilación a los 67 años».