Avalancha de protestas de consumidores y autónomos contra la subida de la luz

La subida de la luz en un 9,8% el próximo 1 de enero ha levantado una tormenta de protestas. Y no solo de consumidores domésticos, porque también las asociaciones de autónomos se han hecho oír. El incremento se aplica a quienes tienen contratada una potencia inferior a 10 kW, que no están obligados a acudir al mercado libre para obtener suministro. En este segmento abundan los pequeños comerciantes que van a ver disparada su factura mensual. Así ocurre que la patronal catalana Pimec -que agrupa a numerosas pequeñas y medianas empresas- ha considerado «excesivo» el aumento, sobre todo porque se produce en tiempos de crisis. A su juicio, la reducción del déficit eléctrico debiera abordarse rebajando los costes de generación eléctrica.

Los consumidores domésticos, mientras tanto, han empezado a convocar a la movilización ciudadana. La asociación Facua, tras recordar que la tarifa eléctrica que se aplica a la inmensa mayoría de los clientes se ha incrementado casi un 50% en los últimos cuatro años, ha promovido el envío de cartas al presidente del Gobierno para pedirle que «comience a proteger los intereses de los usuarios» en vez de limitarse a satisfacer las demandas de las compañías. Entrando en el núcleo del problema, los remitentes reclaman al jefe del Ejecutivo que lleve a cabo «una profunda revisión de su política energética» tomando en cuenta a todos los agentes implicados. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, prosigue la recogida de firmas de consumidores «hartos de la subida de la luz».

Las organizaciones de usuarios se han apresurado a matizar las cuentas del Ministerio de Industria, y sus cálculos son abiertamente discrepantes. El «consumidor medio» al que se refirió el secretario de Estado de Energía, asegurando que su factura mensual está en torno a los 30 euros al mes, no lo encuentran por ninguna parte. A esa cifra solamente se puede llegar, argumentan, si se computan los clientes de baja potencia contratada -muchas segundas viviendas que permanecen vacías durante la casi totalidad del año- o incluso los abundantes pisos vacíos para los que sus propietarios no encuentran comprador pero a los que mantienen con los servicios básicos en pleno funcionamiento.

Por eso estiman que el recibo habitual de un hogar, dotado de los electrodomésticos esenciales, no baja de los 50 euros, en promedio de un mes con otro. Y las asociaciones de consumidores aprovechan para acentuar sus críticas a la práctica ya consolidada de las compañías eléctricas, que realizan estimaciones de consumo en los meses en los que sus inspectores no comprueban el gasto real de los hogares. Desde que se ha generalizado -y autorizado- esta actuación, la factura doméstica se ha disparado, evocan.

Las asociaciones de consumidores temen, además, que el «brutal» encarecimiento del 9,8% que el recibo de la luz experimentará en enero no será el último. Califican de 'parche' las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno para achicar el déficit futuro -el peaje a las eléctricas, el recorte de las primas a la fotovoltaica y otras, permitirán economizar 4.600 millones de euros en tres años- y se apuntan a las tesis de la Comisión Nacional de la Energía, muy crítica con el otro componente de la tarifa.

Consideran que cada vez tiene menos sentido repercutir en la factura el resultado de una subasta mayorista que viene determinado por la oferta de una empresas generadoras a otras comercializadoras que, en definitiva, pertenecen a los mismos grupos y tienen los mismos intereses económicos. Tampoco les parece de recibo que sobre el consumidor final repercutan los costes de políticas nacionales como el apoyo al carbón y determinadas energías renovables.

El ministro de Industria, que había pedido acudir a la comisión correspondiente del Congreso para explicar las modificaciones que permitirán reducir en el futuro el déficit de tarifa, tendrá que extender esta comparecencia para explicar, a petición del PP, las razones que han ocasionado la fuerte subida de la tarifa doméstica