Griñán retrasa hasta las municipales las nuevas tasas sobre las bolsas y el agua

El Gobierno de Griñán vuelve a rectificar en la puesta en marcha de sus políticas. Esta vez le ha tocado a dos nuevos impuestos, la tasa a las bolsas de plástico no biodegradables y el canon del agua destinado a financiar depuradoras. Los dos debían entrar en vigor el 1 de enero próximo. Ya no será así. El Consejo de Gobierno aprobó ayer retrasar al 1 de mayo su cobro, en víspera de las elecciones municipales que se celebran el 22 del mismo mes. El Ejecutivo también ha confirmado la congelación del decreto que reorganiza el sector público y que tanto encrespó a los funcionarios. Según lo acordado ayer, esta reordenación, que pretendía suprimir 111 empresas públicas, se demorará un máximo de seis meses, hasta que el Parlamento apruebe la ley que sustituirá al decreto.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió que no se trata de una «rectificación», ni tampoco de una decisión electoralista por la cercanía de las municipales, sino de un simple aplazamiento de la entrada en vigor para atender a las demandas de los afectados por las medidas. Según Moreno, la Junta ha escuchado a los comerciantes, que pedían una moratoria en la tasa a las bolsas de plástico hasta después de la campaña navideña y de las rebajas; A los ayuntamientos, quejosos por la aplicación de un canon a los usuarios que en algunos de ellos ya existe; Y también a los funcionarios, cuyas protestas han tenido en jaque el Gobierno. «Lo que buscamos es el consenso», reiteró ayer la portavoz.

El PP ha pedido la derogación de todas las tasas y medidas aplazadas. «El mismo daño hacen los impuestos ahora que en el mes de mayo», dijo la portavoz del PP-A, Rosario Soto, a Europa Press. Los populares piensan recurrir a los tribunales el canon del agua, han llevado al Constitucional el decreto de las empresas públicas y estaba a punto de lanzar una campaña contra el impuesto a las bolsas.

La tasa a las bolsas de plástico fue aprobada el pasado julio dentro del decreto de medidas fiscales para reducir el déficit público, previamente anunciado por Griñán en el debate del estado de la Comunidad de junio. La tasa, con fines ecológicos ya que su propósito es disuadir de su uso, grava cinco céntimos cada bolsa en 2011 y diez céntimos en 2012. Con ella, la Junta puede llegar a recaudar hasta 45,4 millones de euros. El coste aproximado a cada ciudadano se calcula en 30 euros al año. Ahora bien, el objetivo del Ejecutivo andaluz es disuadir de su uso, que estas bolsas se sustituyan por otras biodegradables. El presidente de la Confederación Empresarial del Comercio Andaluz (CECA), Manuel García-Izquierdo, mostró su satisfacción por la medida que «beneficia a todos», según Europa Press.

El canon del agua, previsto en la Ley de Aguas de Andalucía, es un impuesto que deberán cobrar los ayuntamientos pero cuyo dinero gestionará la Junta para construir depuradoras. La presión de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) ha convencido a la Junta para retrasar su cobro. Su presidente, Francisco Toscano, cree que la moratoria permitirá a los ayuntamientos adaptarse a la nueva tasa y evitará que se cobre por el mismo concepto en algunos de ellos.

El Consejo de Gobierno aprobó la demora de los nuevos estatutos de las agencias públicas autonómicas andaluzas, fijadas para el 31 de diciembre, hasta que no se pacte la ley ahora en el Parlamento. Con esta medida el Ejecutivo atiende la demanda de IU, formación con la que pretende llegar a un acuerdo sobre la norma que sustituirá al polémico decreto.