Fiasco del Gobierno

La negativa del Gobierno a modificar el proyecto de ley de Economía Sostenible en el apartado que sancionaría las descargas de archivos protegidos por derechos de autor -denominado 'ley Sinde'- convirtió su tramitación por parte de la comisión correspondiente del Congreso en una negociación infructuosa sobre las enmiendas que CiU había presentado al resto de la 'ley ómnibus' que Rodríguez Zapatero anunciara en su día como uno de sus grandes objetivos para la legislatura. Rechazada su disposición final segunda o 'ley Sinde', el Ejecutivo tratará de sacarla adelante en el Senado. Pero el revés político sufrido ayer contra el resto de la Cámara no le allanará el camino, sino que subrayará la contestación social y partidaria suscitada hasta ahora por su contenido. La llamada Comisión de Propiedad Intelectual, concebida como órgano administrativo dependiente del ministerio de Cultura, aparece en la norma con potestad para clausurar páginas web con un control judicial limitado y sujeto a un procedimiento de audiencia ciertamente apremiante -cuatro días- para los titulares de un servicio afectado. La ministra Sinde ha querido insistir en que tales supuestos nada tendrían que ver con una eventual vulneración de la libertad de expresión. Pero no se trata de la intención con la que el Ejecutivo ha redactado la disposición final segunda de la ley de Economía Sostenible, sino de las consecuencias que acarrearía su utilización contra webs que puedan ser acusadas de facilitar la descarga de archivos protegidos. El control judicial se ejercería respecto a «los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución». Lo que dejaría la puerta abierta a que la actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, aun sin vulnerar derechos fundamentales, pudiera causar perjuicios irreparables a quienes prestan servicios de la sociedad de la información para la realización precisamente de esos derechos. El Gobierno está obligado ahora a variar el contenido del proyecto en busca de un mínimo acuerdo y no a mantenerlo para apurar las posibilidades que pudiera brindarle el intercambio de favores con una CiU ya gobernante.