Contención autonómica

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, envió ayer un mensaje de confianza hacia los mercados y a la opinión pública al asegurar que el déficit presupuestario de las autonomías –que al finalizar septiembre se situó en el 1,24% respecto al PIB nacional– cumplirá con el máximo comprometido ante la Unión Europea del 2,4% para el conjunto del ejercicio 2010. Pero el cumplimiento de tal previsión depende de que las distintas comunidades autónomas hayan afrontado este último trimestre, en el que se realiza una buena parte de los pagos del año, con especial control sobre sus respectivas cuentas. En los últimos meses de cada ejercicio todos los departamentos tratan de acreditar que su presupuesto estaba justificado, realizando en ocasiones esfuerzos absurdos por liquidar sus diversas partidas, y demostrar así que precisan cuando menos la misma asignación para el próximo año. Por lo que las liquidaciones del cuarto trimestre reflejarán el grado de responsabilidad presupuestaria con el que actúan las distintas administraciones. El Gobierno dio a conocer a las autonomías la situación de su déficit el pasado 13 de diciembre, haciéndolo público ayer. Pero cada ejecutivo autonómico sabía de su situación con anterioridad, por lo que el balance deficitario de los tres últimos meses ofrecerá una imagen elocuente de su actitud. El déficit autonómico resultante no puede ocultar, en justicia, la situación de comunidades que lo superan ampliamente frente a otras que se sitúan muy por debajo del 1,24% acumulado hasta septiembre. La tabla publicada por el Gobierno indica con claridad qué autonomías han de realizar un esfuerzo urgente para rebajar su desorbitado déficit, y cuáles han de contenerlo. En cualquier caso la propia distribución del déficit público español ante Bruselas, comprometiendo un máximo del 2,4% para las autonomías y el 9,3% para el conjunto del Estado, requeriría clarificar el futuro de los costes públicos –dado que las comunidades autónomas asumen prácticamente todo el gasto social– y superar los prejuicios que se ciernen sobre la carga financiera del Estado descentralizado, determinando en qué medida el déficit general responde a alegrías autonómicas y en qué medida a la persistencia de estructuras injustificadas en la Administración central.