Cotizar 36 años o más dará derecho a jubilarse a los 65

La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno empieza a perfilarse. Se mantiene el objetivo de establecer el retiro legal generalizado a los 67 años, pero jubilarse a los 65 seguirá siendo posible, sin merma de la pensión, para los trabajadores con una larga biografía laboral, que les haya permitido cotizar 36, 37 o más años. Lo apuntó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien explicó que es propósito del Ejecutivo extender el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación desde los actuales 15 años hasta los 20, sin descartar que, más adelante, el plazo se pueda prolongar hasta los 25.

El responsable de Trabajo, que acudió a la comisión correspondiente del Senado para explicar los proyectos del Gabinete, evocó que quienes desempeñan trabajos más penosos también alcanzarán la jubilación a una edad más temprana. Y añadió que -como ocurre ahora- a todos los trabajadores les quedará la opción de retirarse a los 65 años si renuncian a la totalidad de la pensión correspondiente.

Gómez apuntó además que una de las líneas principales de la reforma es la pretensión de elevar la edad real de jubilación, hoy en 62,7 años, para acercarla a la esperanza de vida, que ha crecido muy rápido. Para conseguirlo, otra de las propuestas consiste en limitar el uso «abusivo» de fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada, y la fórmula que se plantea consiste en restringir las posibilidades de recurrir a este sistema -al que solo podrían recurrir las compañías en situaciones extremas, con el fin de preservar su viabilidad- o imponer a las empresas una parte de los costes que representan estas prácticas.

La realidad se mueve, sin embargo, en sentido contrario. Y el sector financiero, que tradicionalmente ha cargado con el impacto económico total de las prejubilaciones, se empieza a mostrar remiso. En algunos planes de reestructuración de cajas de ahorro que culminan por estas fechas se piensa recurrir a la cobertura del paro para aliviar los costes. El ministro reconoció que iniciativas de este tipo, como la planteada por Caja Madrid, con jubilaciones de 55 años financiadas en parte por el sistema, están ahora mismo amparadas por la ley.

«Creo que (estas y otras empresas) deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema, y esa debiera ser la línea futura», declaró Gómez. Admitió que el planteamiento del Gobierno no es aceptado por los sindicatos, que ya se plantean convocar una nueva huelga general. No obstante, se declaró partidario de mantener abiertas todas las vías de diálogo, por considerar que no ha llegado el momento de "tirar la toalla". Por ello, abogó por realizar el máximo esfuerzo para hacer compatibles la posición del Ejecutivo a la de los grupos que integran el Pacto de Toledo.