«El estado de alarma protege el interés de los ciudadanos»

En el coqueto despacho de Gabriela Bravo Sanestanislao (El Ràfol de Salem, Valencia, 1963) se mezclan los libros jurídicos con la foto enmarcada del rey, figuras decorativas con los retratos de sus tres hijos y detrás de una vitrina una reciente instantánea con el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial es la cara visible del gobierno de los jueces desde septiembre de 2008. Una tarea ardua porque sus palabras se miran con lupa en el Poder Judicial.

-¿Por qué el Consejo apoyó el estado de alarma?

-Porque ante la gravedad de los hechos consideramos necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de los servidores públicos y de apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno. La declaración del estado de alarma en ese momento fue necesaria para salvaguardar la seguridad del Estado y el interés general de los ciudadanos.

-Algunos juristas consideran que es una medida demasiado severa, ¿comparte esa opinión?

-La situación de extrema gravedad para nuestro país, el cierre del espacio aéreo, exigía una respuesta rápida y eficaz. No obstante, el decreto está recurrido en el Supremo, por lo tanto, serán los Tribunales quienes decidan si la decisión adoptada estaba justificada o no.

-Un bufete de abogados que reúne a 5.000 afectados ha pedido refuerzos en los tribunales en caso de que prospere la demanda.

-El Consejo en este y en todos los asuntos siempre atiende las demandas de los ciudadanos. Y propondrá las medidas de apoyo necesarias a los juzgados afectados, si las circunstancias así lo exigen, para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales.

-Dos de los pilares del actual Consejo han sido transparencia y eficacia, ¿en qué son ahora más eficaces?

-El plan de choque que aprobamos para hacer frente al incremento de la carga de trabajo derivada de la crisis económica ha evitado la saturación de los juzgados. En la jurisdicción social, concretamente en lo que se refiere a los procedimientos por despido, se han reducido la respuesta de 3,8 a 1,8 meses.

-¿Y en qué es más transparente este Consejo?

-Este Consejo apostó desde el primer día por la transparencia institucional. Y así lo incorporamos en el Plan de Modernización y en el Plan de Comunicación que aprobamos. En materia de nombramientos, la modificación del reglamento de carrera incorporó la comparecencia pública de los candidatos.

-Pero no es cierto que ha habido cierto oscurantismo con los expedientes abiertos a los jueces: aumentaron un 80% en 2009.

-El proceso es totalmente transparente. La apertura de un expediente para investigar los hechos denunciados no puede significar en ningún caso una sanción pública anticipada. Por ello el Consejo informa a la opinión pública de aquellas resoluciones que ponen punto y final a los expedientes incoados, sea su resultado archivo o sanción.

Recortes salariales

-¿Les ha llegado el cabreo de los jueces por los recortes salariales?

-Es una paradoja que el momento en que más trabajo están asumiendo los jueces, cuanto más esfuerzo se les exige, menos cobran. Pero la gravedad de la crisis ha obligado a este gobierno a recortes presupuestarios que afectan directamente a los ciudadanos. Ese contexto es el que es y tiene que ser valorado y asumido. No obstante, el decreto sobre el recorte a los funcionarios está recurrido en los tribunales.

-¿Le frustró que el Consejo no aprobara el informe consultivo sobre la ley del aborto? Parece que primó la ideología de algunos.

-Si me generó frustración, sí, pero hubo un debate jurídico de nivel. Las posiciones quedaron muy definidas y fue imposible aunar voluntades suficientes para lograr los votos necesarios y aprobar el informe.

-¿Ha quemado mucho al Consejo el 'caso Garzón'?

-Es un asunto de gran relevancia mediática, pero el Consejo ha actuado siempre en este y otros casos dentro del marco de la legalidad.

-¿Por qué el Supremo no señala ya el juicio de la memoria histórica? ¿Podría estar esperando a que evolucionen otras causas?

-Esas afirmaciones son meras especulaciones. El tribunal fijará el juicio cuando considere que la instrucción está concluida y sea el momento procesal oportuno.

-Con respecto a las notas de Wikileaks, ¿qué piensa el Consejo sobre las presiones de EE UU en causas abiertas en la Audiencia?

-La solidez de nuestras instituciones no ha quedado quebrada por el contenido de unos cables que no recogen más que impresiones unilaterales y subjetivas de personas que trabajan en la embajada de EE UU.

-Pero no negará que la imagen de la Justicia ha quedado dañada.

-(Los cables diplomáticos) no nos ha aportado nada nuevo que nos haga apoyar lo contrario. No se puede sobredimensionar unos documentos que tienen el valor que tienen.

-En el Consejo hay una queja abierta contra el juez Gómez Bermúdez por este asunto.

-El caso se ha remitido al servicio de inspección y este, a su vez, tendrá que elaborar un informe y elevarlo a la comisión disciplinaria.

-Pero usted, que es fiscal de carrera, no cree que la cúpula de la Fiscalía ha quedado vapuleada.

-A nadie le gusta que hablen mal de uno. El Ministerio Fiscal es un pilar en nuestro Estado de Derecho y actúa siempre conforme al principio de legalidad. Nuestras instituciones están por encima de las revelaciones de Wikileaks.