Madrid quiere reservarse potestades en las concesiones del litoral andaluz

Gobierno central y Junta de Andalucía apuran los últimos días de este mes para cerrar el traspaso de la gestión del litoral, que permitirá a la administración autonómica asumir las competencias en las concesiones administrativas de uso de la zona de dominio público marítimo terrestre. La concesión más característica del litoral andaluz es la de los chiringuitos de las playas. Fuentes de la Junta admitieron que uno de los escollos por resolver en la negociación es la pretensión del Gobierno central de que el Estado se reserve potestades en las concesiones, bien a través de un informe vinculante o de otra fórmula.

Pero además, los representantes de las consejerías de Medio Ambiente y Presidencia que negocian con los del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y el de Medio Ambiente, Rural y Marino deben llegar a acuerdos concretos sobre el volumen de edificios dependientes de la Dirección de Costas que serán transferidos, el número de trabajadores de la administración estatal que pasará a la autonómica y, lo más importante, la cuantía económica que conllevará la asunción de esta competencia por la Junta de Andalucía. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, eludió responder a estas cuestiones cuando el pasado lunes anunció el inminente acuerdo para el traspaso. Rubalcaba aseguró que el traspaso se hará efectivo en enero, pero a estas alturas aún no hay cerrado nada de ello, según han confirmado fuentes de la Junta.

La Dirección General de Costas cuenta con edificios u oficinas en todas las capitales del litoral, pero no todos pasarán a la Junta. Uno de los que está en conversaciones es el que tiene en Málaga en el Paseo de la Farola, donde está la sede la demarcación de costas de Andalucía mediterránea.

La gestión del litoral es la segunda de las competencias que, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía de 2007, el Estado transfiere a la Comunidad autónoma. La anterior fue la del Guadalquivir, recurrida por Extremadura al Constitucional. Andalucía se sumaría así a Cataluña, primera en asumir estas competencias en 2008. Este traspaso se valoró en alrededor de 22 millones de euros.

Competencias

El Estatuto, en su artículo 56, recoge claramente cuáles serán las competencias: El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés general. En el caso de la Generalitat, esta logró la potestad de ser consultada en las obras de interés general.

La transferencia afecta a 65 municipios costeros, en los que se concentran más del 35% de la población andaluza y con mayor tendencia a crecer. Son más de 1.100 kilómetros de longitud de costa, según el Instituto Andaluz de Estadística, si bien este es un dato que fluctúa según las fuentes de cada administración. El traspaso además se lleva a cabo cuando el MARM aún no ha terminado el deslinde de la zona de dominio público emprendido hace varios años. Hasta ahora sólo lleva el 85% . A su término, en 2012, el litoral contará con 2.100 kilómetros 'blindados' desde el punto de vista medio ambiental.

El principal escollo para este proceso ha sido la pretensión del Ministerio de deslindar 9.200 hectáreas en la desembocadura del Guadalquivir y Doñana, incluyendo además de la zona de dunas, explotaciones de arroz y otros cultivos. La Junta, que amenazó con los tribunales, negocia ahora en una comisión mixta con el Gobierno este deslinde con el compromiso además de hacer coincidir el acuerdo con el traspaso de la gestión del litoral.

El elemento potente en la transferencia, sin embargo, son las concesiones de chiringuitos. En Andalucía hay 900 concesiones de este tipo, en las que trabajan 40.000 personas, según fuentes del sector. Un tercio están en Málaga, que cuenta con una concesión por 15 años. La Junta no sólo dará los permisos, sino que también administrará los ingresos por el uso de la playa por estas instalaciones veraniegas.