Una causa que llegó hasta el Supremo

Gran parte de la investigación se desarrolló fuera de la provincia de Cádiz, ya que muchas de las empresas que supuestamente compraban datos al empresario jerezano repetían el mismo esquema de compra-venta de datos con otros funcionarios de distintas comisarías u oficinas de organismos públicos del país. El 16 de febrero de 2005, cuando la causa llevaba instruyéndose más de tres años, el juzgado nº 3 de El Puerto se inhibió en los juzgados de Burgos y Málaga, donde se habían destapado otras sociedades. Tras cruzarse distintos criterios de cuál era el juzgado competente, habida cuenta que la investigación no afectaba sólo a Cádiz, el Supremo resolvió en octubre de 2006 que debía seguir en El Puerto. Entendía que los delitos investigados están conectados entre sí.