El Gobierno intenta convencer a los grupos para subir la edad de jubilación

El Gobierno sigue creyendo que la edad de jubilación debe elevarse desde los actuales 65 hasta los 67 años. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, defendió esta tesis en una comparecencia ante los medios de comunicación, mientras en el Parlamento, el Pacto de Toledo no alcanzaba un acuerdo en este sentido. El máximo consenso entre las fuerzas políticas consiste en prolongar «de manera voluntaria» la vida laboral.

«El Ejecutivo va a hacer el máximo esfuerzo para hacer compatible su planteamiento, ya hecho público, de elevación de la edad de jubilación con las recomendaciones del Pacto de Toledo», señaló Gómez y recordó que el sistema en los próximos años tendrá que hacer esfuerzos para «hacer frente» a unas obligaciones financieras importantes. El ministro, que compareció acompañado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, insistió en que el alargamiento de la vida laboral es necesario para fortalecer el sistema, que en los próximos años afrontará retos financieros y la incorporación de ocho millones de nuevos jubilados.

Pero el alargamiento de la vida laboral no alcanza el deseado consenso entre las fuerzas políticas. «Todos los grupos hemos coincidido en que no hay acuerdo en este punto», adelantó el portavoz del PP, Tomás Burgos. El próximo martes, previsiblemente, y tras ser sometido a la revisión de los letrados de la Cámara, el informe de la subcomisión del Pacto de Toledo llegará a un acuerdo sobre la propuesta que trasladará al Gobierno y todo apunta a que el texto final refleje las diferencias entre los grupos parlamentarios mediante abundantes imprecisiones.

En la sesión de ayer los miembros de la subcomisión ya acordaron que asumirá por escrito la ausencia de cualquier tipo de acuerdo sobre la edad legal de jubilación. Con el objetivo de alcanzar el mayor número de apoyos por parte de los grupos parlamentarios, la propuesta que la subcomisión enviará al Gobierno no especificará si se retrasa el retiro a los 67 años o se mantiene, como hasta ahora, en los 65. Los portavoces parlamentarios en la subcomisión ya sabían de antemano que la única forma de alcanzar un consenso sería a través de un texto «ambiguo».

Con este condicionante, y tras tres horas de reunión, el Pacto de Toledo zanjó la polémica sobre la redacción de la propuesta enviada este miércoles por el PSOE. La recomendación incluirá la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la legal, y propondrá favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral.

«Queremos llegar a un acuerdo sin tocar la edad de jubilación», señaló el portavoz del PP en la subcomisión parlamentaria, Tomás Burgos. Declaró que su grupo esperaba las «propuestas imaginativas» que había planteado el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, que pretendían concretar y superar el escollo de la edad de jubilación. «Seguimos pensando que el PSOE no tiene alternativa, ni justificación», añadió.

Burgos explicó que existen numerosas opciones para «no tocar la edad de jubilación», como la regulación de la jubilación anticipada, la reordenación de las once fórmulas de retiro o el incentivo de alargar la vida laboral. «Nos preocupa que se venda la reforma de las pensiones como la modificación que sacará a España de la crisis», se lamentó. Tampoco se mostró propicio a la sugerencia del Gobierno el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. «La única razón para poner 67 años en nuestra reforma de las pensiones es dar un mensaje de sumisión a Bruselas», denunció y aseveró que «el Gobierno no cuenta con el cheque en blanco del Pacto de Toledo».

Esta subcomisión tiene que pronunciarse la próxima semana, ya que el Ejecutivo ha puesto como plazo el próximo 28 de enero para aprobar la reforma del sistema de pensiones, con acuerdo o sin él. El mes de enero estará dedicado a las consultas con los interlocutores sociales. Frente a las insinuaciones de que la subcomisión se ha mostrado poco diligente en sus trabajos, la diputada socialista Isabel López i Chamosa se defendió: «No sé lo que se entiende por prisas, cuando llevamos más de un año de intensos trabajos».

Una vez más, el diputado de CiU, Carles Campuzano, fue el más optimista de los presentes. Confió en que las negociaciones se concreten cuanto antes en medidas que permitan prolongar la vida laboral y puedan ser plasmadas en el texto que llegue hasta el Parlamento. «Estas recomendaciones son un camino hacia el consenso», auguró.