El PSOE acerca posiciones con CSIF para la reforma del sector público

La ley para reformar el sector público acapara la atención en el Parlamento andaluz. Sindicatos y partidos intensifican sus contactos para convertir el polémico decreto de reordenación de las empresas públicas en una ley que contente a todos, sobre todo a los empleados de la Junta, que llevan tres meses con broncas y protestas en contra del texto que suprime 111 entes públicos y recoloca a sus trabajadores junto a laborales y funcionarios en una decena de agencias de carácter mixto (público y privado).

Esta estructura, aprobada por el Gobierno sin apenas diálogo con los afectados, ha sido el detonante del conflicto de los funcionarios con la Junta y del malestar entre los empleados públicos. La reunión ayer entre PSOE y CSIF, sindicato mayoritario entre funcionarios, culminó con cierta satisfacción por ambas partes. Sólo acordaron dialogar, pero ya es un paso para poner fin al conflicto. El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, calificó el encuentro de «fructífero y eficaz».

Hasta ahora, los sindicatos de funcionarios, entre ellos CSIF, han reclamado la derogación del decreto para negociar. Ayer, CSIF confirmó una nueva actitud, ya esbozada en sus encuentros anteriores con PP e IU: Está dispuesto a dialogar sobre la ley, pese a que siguen empeñados en que la mejor solución es derogar el decreto, cuyo texto es la base de la norma ahora en debate para su modificación.

Los representantes socialistas salieron satisfechos de la reunión con CSIF, ya que entienden que esta nueva postura implica que, finalmente, admite la modificación del texto hoy en vigor, a lo que hasta ahora se han opuesto exigiendo su supresión para empezar a negociar

Claro que CSIF se muestra ahora más flexible tras la rectificación del Ejecutivo de Griñán, primero reconociendo que no todo lo hizo bien, luego proponiendo que el decreto se debata como ley y, por último, el anuncio de Griñán de que aunque el decreto entre en vigor, todo lo que impida el diálogo será ralentizado. Es decir, frena la puesta en marcha de las agencias públicas hasta que se apruebe la ley.

Diálogo fluido y eficaz

El PSOE evidenció el máximo interés que tiene en esta negociación con la delegación que ayer envió a la reunión con CSIF: Estaba formada por la número dos del partido, Susana Díaz, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y el portavoz de Hacienda, José Caballos. La delegación de CSIF estaba encabezada por su presidente en Andalucía, Rafael Hurtado.

Tras el encuentro, Hurtado recordó que su sindicato sigue defendiendo la derogación, pero ante lo inevitable de la tramitación de la la ley han optado por tratar de modificar algún artículo de esta para que la norma no afecte negativamente a los funcionarios. Por ello, su sindicato está dispuestos a mantener con el PSOE un diálogo «fluido y eficaz». Hurtado quiso diferenciar la actitud del grupo socialista de la del Gobierno, al que reprochó que no le ofreciera este diálogo en julio cuando, en su opinión, aprobó el decreto «con nocturnidad y alevosía».

Pero si la actitud de CSIF se ha suavizado respecto al PSOE, la de este con el sindicato de funcionarios se ha dado la vuelta como un calcetín. El PSOE reconoce ahora que CSIF sea «un interlocutor preferente» en la negociación, cuando el Gobierno andaluz negoció en primera instancia sólo con UGT y CC OO el texto del decreto.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, no escatimó elogios. Llamó a CSIF un «representante muy cualificado» de los trabajadores públicos y avanzó que estará entre los sindicatos que comparezcan en el Parlamento para dar su opinión sobre la ley.

Paralización de estatutos

Pero los socialistas no sólo quieren que opinen los sindicatos. Fuentes de este partido confirmaron a este periódico que van a abrir el abanico de contactos con los representantes de usuarios, con asociaciones de vecinos y de consumidores entre ellos. «Creemos que también les afecta cómo se va a ordenar la administración, por lo que vamos a oírles qué tienen que decir». El coordinador de IU, Diego Valderas, también defiende esta iniciativa, dada a conocer ayer tras su entrevista con UGT y CC OO.

Valderas, según informa Europa Press, dijo que ha acordado con estos sindicatos reclamar al Gobierno andaluz que se comprometa «formalmente» a que se paralicen los estatutos de las agencias hasta que se apruebe esta normativa. Según recordó, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se comprometió en el pasado pleno del Parlamento sobre esta cuestión, si bien IULV-CA y los sindicatos quieren un mayor grado de compromiso por considerar que Griñán estuvo «titubeante» en ese momento y que es lo «éticamente correcto».