Garantía para las pensiones

El principio de acuerdo alcanzado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para ampliar gradualmente el período de cotización con el que se calcula la pensión permite albergar la esperanza de que pueda contarse con un razonable consenso antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de reforma el próximo 28 de enero, y ello aunque persista la diferencia sobre la elevación de la edad legal de jubilación hasta los 67 años. En la medida en que los diputados comisionados para el seguimiento del citado pacto exploren positivamente opciones que aseguren la prolongación real de la vida laboral -reduciendo el impacto de las jubilaciones anticipadas, procurando fórmulas que permitan combinar la percepción de una parte de la pensión con la continuidad laboral a tiempo parcial a partir de los 65, y estableciendo un cuadro de excepciones adecuado a la evolución de la actividad-, es posible que ampliar la jubilación a los 67 años sea más fácil que deje de presentarse como un drama por parte de los sindicatos. La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo tiene el cometido de elevar al Gobierno un informe pormenorizado que recoja el máximo acuerdo. Pero sus integrantes y el Ejecutivo han de tener muy en cuenta que la prospectiva eminentemente demográfica sobre la que se iniciaron sus trabajos deberá variar a medida que cambien las relaciones laborales y se conozcan las tasas de empleo y la evolución de los salarios en la economía española posterior a la crisis. El principio de acuerdo alcanzado ayer introduce una cautela imprescindible, toda vez que los últimos años están demostrando que muchos trabajadores se ven obligados a cubrir sus últimos años de vida laboral con reducción de su sueldo y de sus cotizaciones, cuando no en el desempleo. Pero tanto los grupos parlamentarios como los protagonistas del diálogo social han de contemplar la reforma de la Seguridad Social en un entorno laboral más flexible e incierto. Sin ir más lejos, de poco servirá retrasar la edad de jubilación si las empresas no asumen como necesidad colectiva y oportunidad propia la permanencia de los más veteranos en sus plantillas.