Los controladores prometen que «no volverá a suceder»

El sindicato de controladores aéreos (USCA) dio la cara ayer, por primera vez desde el caos aéreo del puente de la Constitución, para pedir a los grupos parlamentarios que rechacen la petición del Gobierno de prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero. La organización prometió tranquilidad en los aeropuertos y abogó por el diálogo para cerrar el conflicto, aunque al mismo tiempo insistió en su desconfianza hacia AENA y el ministro de Fomento, José Blanco, al que acusó de ser «poco honesto».

Los controladores, incluso, llegaron a insinuar que el 3 de diciembre, cuando se cerró el espacio aéreo ante su espantada, no fue sino una «trampa» del Ejecutivo. Apenas pidieron perdón a la sociedad por lo que calificaron de «lamentabilísimos sucesos», que, eso sí, se comprometieron a que «no volverán a suceder». «Fue una reacción desmedida a una trampa, y supone un fracaso colectivo», dijeron.

En una multitudinaria y extraña comparecia -la cúpula de USCA apenas habló, y dejó esa labor a los portavoces-, el sindicato exhibió «como muestra de buena voluntad» una carta firmada por el 85% de los controladores. Un texto rubricado a título individual por cerca de 1.600 profesionales en activo con un compromiso expreso de garantizar la continuidad de la operación «superando la situación actual y propiciando un clima que favorezca el diálogo social».

Es, apuntaron, el «gesto» que en los últimos días reclamaba el Ejecutivo, que en reiteradas ocasiones ha expuesto la falta de seriedad de los controladores -ya se firmó una fallida 'paz aérea' en agosto- y la elevada posibilidad de que se repita el caos para prorrogar el estado de alarma. Las caras visibles de USCA, Daniel Zamit y César Cabo, reconocieron que su movimiento es un llamamiento a los grupos parlamentarios para que reconsideren hoy su voto en la Cámara Baja.

«Si es por nuestra causa, el estado de alarma es innecesario», afirmaron para subrayar que «los controladores son solo ciudadanos y no le dicen al Parlamento lo que tiene que hacer». «El compromiso personal debería de ser suficiente; lo que ellos alegaban para pedir la prórroga ya no existe», explicaron.

Fomento no tardó en contestar para recordar la facilidad con la que USCA rompió en pedazos el compromiso de agosto con su huelga salvaje. Hay que recordar que si el Congreso rechaza el estado de alarma y los controladores dejan de estar militarizados nada les impediría convocar una huelga legal.

Con aspecto de vencidos , el presidente de USCA, Camilo Cela, el vicepresidente, José Manuel Acebedo, y el secretario general, Abel Hernández, cedieron todo el protagonismo a Zamit y Cabo. Solo Hernández acusó a Fomento de falsear sus mensajes al asegurar que en pleno caos los controladores pidieron los mismos privilegios del pasado para regresar a sus puestos. «No nos fiamos de Aena, ha puesto palos en las ruedas para dilatar la negociación de convenio», aseguró el secretario general. Y fue más lejos al afirmar que el sindicato avisó a la empresa de que las horas de trabajo se terminaban y de que habría problemas. «Nadie nos hizo caso, a menos que alguien quisiera que explotara», recordó Hernando.

Negó la huida

Los portavoces dejaron en el aire la posibilidad de que el Gobierno tuviera parte de culpa en el caos al señalar que «si lo tenían previsto, ha sido una trampa a la sociedad de la que tendrán que dar explicaciones». USCA negó una huida masiva en la noche del 3 de diciembre y que se dejaran 'colgados' a los aviones, aunque sí reconoció que sus miembros declararon sentirse «indispuestos» y, con un halo de misterio, dijo que «cuando nos serenemos más se podrá saber qué pasó».

El sindicato cargó con fuerza contra Blanco, al que acusó de «confundir» a los ciudadanos con una actitud «irresponsable y poco honesta con la sociedad». Cabo subrayó la unidad en el sindicato y el apoyo a sus responsables de la plantilla e insistió en su «compromiso infinito» con el convenio frente a «otros que, si tienen algún problema en negociar, que lo digan». «El ministro ha impedido la negociación con reales decretos y un año de presiones; la causa de la explosión, que es el real decreto, sigue ahí», concluyó.