El PP se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma

La decisión del Gobierno de prorrogar el estado de alarma se ha convertido en una nueva encrucijada para el PP. Por un lado, rechaza mantener estas restricciones de derechos constitucionales de «manera preventiva», pero por otro tampoco puede oponerse sin más a esa medida porque un 'no' en la votación en el Congreso podría interpretarse como un alineamiento con la postura de los controladores aéreos. Un apoyo que, con toda seguridad, acarrearía un problema ante la opinión pública, enfrentada con este colectivo.

Por todo ello, el PP tiene casi decidido abstenerse y solo una «convincente» justificación jurídica y política del Ejecutivo podrían hacer reconsiderar su postura y unirse a CiU, PNV y Coalición Canaria, que ya han anunciado que respaldarán la decisión del Gobierno. Hay dirigentes del partido opositor que, no obstante, defienden dar un voto afirmativo, pero crítico, a la prórroga. Mas no parece que su postura se vaya a imponer.

Los populares otorgan al debate una gran importancia. Es «importantísimo», según fuentes próximas a Mariano Rajoy. De hecho, el líder de la oposición anuló el viaje que iba a realizar hoy a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo y escuchar así la intervención del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y la de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, que dará la réplica. «Lo importante es que los ciudadanos puedan viajar en Navidades», afirmó ayer Rajoy sin aclarar qué va a votar su grupo.

El PP no quiere dejar cabos sueltos. Por ello, registró ayer un escrito en el Congreso en el que piden al presidente de la cámara, José Bono, que exija al Gobierno «cuantos informes jurídicos hayan sido recabados por el Consejo de Ministros o cualquiera de sus departamentos ministeriales» para justificar el estado de alarma. El partido opositor quiere conocer los documentos presentados por la Abogacía del Estado para el Ministerio de Justicia y el del asesor general de Defensa, así como las actuaciones de la Fiscalía. Además, el PP reclama información sobre el grado de cumplimiento por parte de los controladores del decreto original que declaró el estado de alarma.

Postura de firmeza

El Gobierno no piensa hacer nada para conseguir el 'sí' de los populares, pero cree que tendrán difícil explicar ante los ciudadanos que no se coloca de su lado el conflicto con los controladores. Está decidido, además, a mantener la postura de firmeza frente a los técnicos de AENA y pretende que el coste de los daños causados por su paro salvaje los pasados 3 y 4 de diciembre recaiga única y exclusivamente sobre aquellos profesionales que hicieron dejación de sus responsabilidades y se ausentaron de su puesto de trabajo, pero no sobre AENA.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, advirtió ayer en el Congreso que la administración no se hará cargo de lo ocurrido. «Me parece muy preocupante que el PP pretenda que todos los españoles paguen la irresponsabilidad del sabotaje que ya sufrieron», señaló.

La situación no es en absoluto sencilla. Las cerca de 5.000 personas que pretenden interponer una demanda colectiva a través del despacho Cremades & Calvo Sotelo solicitarán a los controladores indemnizaciones de 10.000 euros. Pero las asociaciones de consumidores tienen dudas de que los técnicos puedan hacer frente a su pago y no es descartable que, al final, opten por exigir a la empresa pública de navegación aérea -es decir, a la administración- que se haga cargo como responsable civil subsidiario.

En el Ejecutivo recuerdan que existen precedentes, como la estafa de Afinsa, en los que se consideró que la administración estaba exenta de responsabilidad. Y Jáuregui alegó que, en todo caso, no hay por qué hacer «melodramas» porque buena parte de las «consecuencias lesivas» que pudo ocasionar el abandono masivo del puesto de trabajo por los controladores en viajeros, compañías aéreas o las agencias de viaje están cubiertas por los seguros. Las aerolíneas anunciaron que reclamarán cien millones de euros a AENA por los daños sufridos.

Pero las que no, insistió el ministro, tendrán que correr a cargo de los propios controladores «y de nadie más». Jáuregui respondió de esa forma a la diputada del PP María Salom, quien quería conocer la intención del Ejecutivo para compensar las «tremendas y millonarias» pérdidas ocasionadas por la crisis de los controladores. «Si estuviéramos en una entidad bancaria y hubiera un empleado que metiera la mano en la caja el culpable sería el empleado -esgrimió la diputa opositora-, pero la entidad financiera, el banco, tendría responsabilidad».

No fue la única parlamentaria del grupo opositor que arremetió contra el Ejecutivo por este conflicto, y alguno con palabras gruesas. El diputado Carlos Floriano acusó al ministro de Fomento de ser un «perfecto incompetente» y de haber mentido a la cámara en su relato de las negociaciones laborales con los controladores. José Blanco replicó que su único pecado es no estar dispuesto a emular al PP. «Si quieren que aplique la receta que ustedes aplicaron, que es ceder al chantaje, les digo: no cuenten con este ministro».