El Congreso acuerda ampliar el periodo de cálculo de las pensiones

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se acerca a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones y garantizar su viabilidad futura. Los grupos mayoritarios coinciden en ampliar el periodo de cómputo, que sirve para calcular la prestación, aunque sin determinar de momento su duración, con el propósito de establecer un sistema más equitativo y proporcional a la contribución de los trabajadores. La posición más distante la protagonizaron ERC, Izquierda Unida y BNG.

El principal escollo sigue siendo la prolongación de la vida laboral. El PP se niega, al igual que la mayoría de los partidos de izquierda, a retrasar a los 67 años, desde los actuales 65, la edad de jubilación. Tampoco el PSOE mantiene una posición radical, ya que en estos momentos prefiere insistir en acercar la edad real de jubilación (63,5 años) a la legal (65 años). Ya en su comparecencia ante la comisión, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ofreció «variedad de fórmulas» para prolongar la vida laboral, además del retraso de la jubilación a los 67 años, como incrementar «los incentivos para lograr una jubilación más tardía».

«El Gobierno quiere prolongar la vida laboral y el PP lo ha descartado, ya que puede perjudicar a muchos trabajadores que no llegarán en activo a los 67 años», declaró el portavoz popular, Tomás Burgos. Explicó que su grupo apuesta por métodos para desincentivar el retiro prematuro y defiende incentivos para evitar prejubilaciones. «No vamos a escatimar los esfuerzos para convencer al Ejecutivo de lo perjudicial que sería retrasar la edad de jubilación», zanjó. La ampliación del periodo de cómputo se hará con criterio gradual, desveló Burgos. A su entender, el actual procedimiento de cálculo es arbitrario, porque los últimos años de la biografía laboral tienen más peso que los primeros a efectos de pensión, lo que resulta contradictorio con el propósito de prolongar la vida laboral. Añadió el diputado del PP que, en todo caso, los elementos de solidaridad del sistema público están garantizados, ya que siempre se mantendrán una pensión máxima y una mínima.

Oposición

«No hemos dejado que nos lleven al huerto», señaló el representante de ERC en la subcomisión, Joan Tardá. Junto a los portavoces de IU, Gaspar Llamazares, y BNG, Olalla Fernández, se opusieron ante la «ambigüedad» de un texto que calificaron de «alambicado» y «rebuscado». Exigieron que la propuesta socialista tuviera una referencia explícita a que la edad legal de jubilación se mantenga en los 65 años. «El Gobierno no se sentiría obligado a nada si persiste la indeterminación del texto», señaló Fernández. Además apuntaron que en el periodo de cálculo no se fija un plazo y, en cualquier caso, su extensión «supondría un recorte a la pensión media».

Los tres grupos temen que el Gobierno tome las medidas que están adoptando otros países. Y es que, por la mañana, la ministra de Economía había reiterado que la reforma -que aprobará el Gobierno vía decreto, el 28 de enero- irá «en línea» con las líneas generales marcadas por el Ejecutivo, incluida la jubilación a los 67 años. La portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, defendió esa indefinición, aunque apuntó que podrían concretar la edad a última hora si con ello se facilitaba un amplio consenso. El principal partido del arco parlamentario se escuda en que tampoco se especificó el momento del retiro en los pactos de 1995 y 2003.

Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, declaró, «con toda prudencia», que el texto presentado por el Grupo socialista podría conseguir el acuerdo de una gran mayoría dentro del Pacto de Toledo. Recordó que el texto que salga de esta subcomisión debe pasar aún por la mesa del diálogo social antes de que el Ejecutivo adopte la decisión definitiva. Las negociaciones continuarán hoy, ya que el Gobierno busca acelerar los trámites para tener en su poder la propuesta antes de final de año. La fecha del 28 de enero está marcada en el calendario del Ejecutivo, ya que será el día que aprobarán el proyecto de ley. Todo este proceso está siendo seguido de cerca por las instituciones internacionales, que en las últimas horas han expresado su desconfianza en la solvencia española.