Otros 42 detenidos más vinculados a la banda de narcos que ejecutaba estafas

La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la cuarta fase de 'operación Monchito', en la que se han realizado 42 nuevas detenciones y dos imputaciones. Con esta última fase, aumentan a 84 las detenciones realizadas a lo largo de los 11 meses que ha durado la investigación.

La operación se inició en el mes de enero cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz tuvo conocimiento de que en varios municipios de la sierra gaditana estaría actuando una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, así como a la falsificación de moneda y el uso fraudulento de tarjetas de crédito duplicadas. La posterior investigación permitió la progresiva detención de los miembros de esta organización delictiva que llegaba a disponer de una plantación de droga, laboratorios clandestinos para la adulteración de cocaína, armas, moneda falsa, así como de sofisticado material informático para la clonación de tarjetas de crédito.

En la cuarta fase de la operación, la Guardia Civil ha centrado sus pesquisas en el entramado financiero, encargado de mover el dinero obtenido de manera ilícita para blanquearlo. Para ello, contaba como cerebro a J. M. V., quien disponía de una asesoría fiscal para el limpiar capitales y estafas financieras, falsificando pagarés de empresas interpuestas, todo ello para lucrarse y mantener un altísimo nivel de vida.

La red compraba empresas en quiebra por un precio irrisorio, con dinero procedente de sus otras actividades ilícitas, utilizando como “hombres de paja” a personas ingenuas o en situación de necesidad, quienes a cambio de una pequeña cantidad de dinero, figuraban como administradores únicos de la empresa.

Una vez constituida la empresa, la 'movían' en los ambientes empresariales para darle apariencia de normalidad y establecían líneas de crédito, dedicándose a la compra de numerosas propiedades, sobre todo vehículos de alta gama.

Al poco tiempo, realizaban la venta de los bienes de la empresa, dejando a la misma en situación de quiebra, y como único responsable a la persona que estaba al frente de la misma. Este último era quien debía responder ante bancos y acreedores por los bienes que J. M. V. había comprado a nombre de la empresa y luego vendido quedándose con el dinero.