Blanco dice que habrá controladores despedidos por la huelga salvaje

Habrá controladores despedidos por la huelga salvaje. Por vez primera el ministro de Fomento, José Blanco, avanzó ayer el resultado de algunos de los expedientes laborales abiertos por AENA a los más de 400 responsables de regular el tráfico aéreo que se ausentaron de sus torres de control los pasados 3 y 4 de diciembre y que provocaron un caos sin precedentes. Se trata, dijo el ministro, de los que hayan cometido una «falta muy grave» al abandonar su puesto de trabajo de forma voluntaria.

Blanco mencionó un segundo grupo de expedientados que hayan cometidos faltas «graves», a los que se le podría retirar la licencia de forma temporal con castigos de entre un día y tres meses de pérdida de empleo y sueldo. En un tercer supuesto se encontrarían los que hayan cometido una falta leve, que se penalizará con una amonestación por parte de AENA.

El ministro de Fomento defendió en la cadena Ser la respuesta «clara y contundente» que dará el Gobierno a los huelguistas y recordó que, además de la responsabilidad civil, existe una responsabilidad penal que ya investiga la Fiscalía y que, en breve, podría llegar a los juzgados de instrucción de las diferentes ciudades que se vieron afectadas por el paro aéreo.

Blanco recordó a los «promotores del sabotaje» que todavía no han alcanzado a ver las consecuencias y daños «que por su forma de actuar han causado al país», y les reiteró que se arriesgan a penas de entre tres y ocho años de cárcel, con los que se castigan en la Ley Penal de Navegación Aérea el delito de sedición. En parecidos términos se expresó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien avanzó que hay diferentes grados de responsabilidad penal y que los jueces irán resolviendo en función de las «características» de cada controlador en el conflicto aeroportuario.

Competencia

En el plano jurídico, la Audiencia Nacional resolvió ayer que la competencia para investigar los supuestos delitos de sedición recae en los juzgados territoriales. El tribunal respondió así a una querella de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra los promotores de la huelga. que dejó en tierra a 650.000 viajeros.

Por su parte, ocho nuevos controladores que ayer acudieron a la Fiscalía Provincial de Madrid se volvieron a negar a declarar al no reconocer la competencia del Ministerio Público para los interrogatorios. La estrategia es la misma que utilizaron la semana pasada otros veinte de sus compañeros que estaban citados por su supuesta responsabilidad en el paro.

Sin embargo, la novedad de su estrategia del silencio estuvo en que, por primera vez, según fuentes jurídicas, reconocieron que no declararán hasta el que el Supremo no resuelva los recursos presentados por el sindicato de controladores USCA contra los decretos del Gobierno que decretaron el estado de alarma y les mantiene bajo jurisdicción militar.