Deuda sobre deuda

La situación que presentan las finanzas autonómicas retrata a la perfección el momento por el que atraviesa el conjunto de la economía española. La emisión de deuda territorial solicitada al Gobierno central y concedida por este no persigue la realización de inversiones extraordinarias que pudieran situarse al margen de la capacidad recaudatoria que presenta el erario de cada comunidad autónoma, sino que resulta imprescindible para enjugar el déficit que muchas de ellas arrastran a lo largo de los tres últimos ejercicios. La decisión del Ejecutivo, que con excepción de Castilla-La Mancha y Murcia considera que las autonomías pueden asumir con más o menos apreturas la deuda a emitir con cargo al presupuesto de 2010, parece ineludible. Pero a nadie se le escapa que el juego de equilibrios entre el mantenimiento de unas constantes presupuestarias y la reducción del déficit financiero acumulado bordea el riesgo de que el conjunto de las administraciones españolas se malacostumbren asegurando la continuidad de cargas estructurales que continúan sin ser revisadas a fondo, mientras orillan o posponen iniciativas de alcance respecto a la inversión productiva y a la competitividad. No es esta una inclinación que atañe solo a las comunidades autónomas. Tanto la Administración central como los municipios deben sentirse emplazados a corregir las inercias improductivas, especialmente cuando incrementan la deuda financiera que soportan las instituciones al socaire del ejercicio partidario de la política. Todos y cada uno de los partidos continúan reaccionando frente a la crisis abogando por la contención presupuestaria y demandando, al mismo tiempo, un mayor esfuerzo público. Quienes gobiernan se muestran proclives a asumir costes financieros cuyo vencimiento trasciende su mandato. Y ningún gobierno autonómico o local quiere reducir el monto presupuestario en la confianza de que las dificultades actuales sean pasajeras. Las autonomías tienen unas obligaciones para con la estabilidad financiera del país, el Gobierno central ha de velar para que las cumplan. Pero tanto los partidos como las instituciones deben darse cuenta de que esas dificultades seguirán ahí mientras sus costes ordinarios no se ajusten a los ingresos fiscales, y la emisión de deuda no responda al impulso de proyectos económica y socialmente rentables.