El PP lleva a los plenos su oposición a la reforma del sector público

El PP de Cádiz va a elevar a todos los ayuntamientos gaditanos una moción contra la reordenación del sector público que pretende llevar a cabo la Junta de Andalucía. Los populares basan su rechazo porque consideran que el interés del Gobierno regional es otro: «La intención es consolidar una administración paralela que impida la realidad de un cambio».

El presidente del PP de Cádiz , José Loaiza, explicó en una nota que la moción se opone a una reforma que califica de «barbaridad jurídica y política y una prueba más del sectarismo y la prepotencia del Gobierno autonómico».

A su juicio, el decreto-ley supone «un atropello y vulneración» de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía, ya que «pretende perpetuar en la Administración a 25.000 personas que han entrado en ella por el amiguismo y enchufismo del PSOE, ejerciendo competencias que son exclusivas del personal funcionario». Loaiza recuerda que el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Sostiene que esta medida quiere amparar «la igualdad de oportunidades de cualquier español y andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos a dedo y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas».

En la moción, se insta al Consejo de Gobierno a la derogación del decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y a establecer cauces de promoción del diálogo, la participación y la negociación con todos los sindicatos y expertos en Derecho Administrativo y Laboral con el objetivo de alcanzar el máximo consenso.

Los populares también solicitan al Gobierno andaluz no utilizar esa figura jurídica por ser «inapropiada» y, en su lugar, proponen la fórmula del proyecto de ley que «cumpla los preceptivos controles de legalidad y de participación, sin eludir informes y dictámenes sobre la legalidad y la oportunidad del proyecto», aseguró Loaiza.

Entre las propuestas de los populares está la de una auditoría de funcionamiento y gestión de las empresas públicas del sector público, fundaciones y entidades asimiladas; al tiempo que instan a aprobar un plan de austeridad para el sector público que contemple, entre otros aspectos, una reducción del número de altos cargos y puestos directivos.