Los huelguistas mantienen la estrategia del silencio

Mutis absoluto. Los controlados aéreos que ayer estaban citados por la Fiscalía Provincial de Madrid por su vinculación a la huelga salvaje que cerró el espacio aéreo volvieron a utilizar la estrategia del silencio. Su comparecencia, por tanto, fue testimonial y, al igual que hicieran sus 12 compañeros que fueron llamados el jueves, se acogieron a su derecho de no declarar por entender que la jurisdicción competente en este caso es la militar. En todo caso, el Ministerio Público tiene previsto llegar hasta el final con los interrogatorios y, a partir de ahí, remitir los hechos a un juzgado de instrucción para que investigue.

La Fiscalía recordó a los controladores que las actuaciones que provocaron el cierre del espacio aéreo tuvieron lugar antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma (sábado 4 de diciembre a las 14:00 horas), por lo que aún no estaban sujetos a la jurisdicción castrense que pasó a presidir el funcionamiento de las torres de control de los aeropuertos.

No obstante, el Ministerio Público no aclara si con el decreto del viernes por la noche, en el que se acordaba la militarización de los puestos de vigilancia aérea, ya regía la jurisdicción militar o seguía la ordinaria. De ahí que los controladores mantengan la duda.

Sea como fuere, la maquinaria judicial para investigar la huelga ya está en marcha y el próximo lunes otros ocho controladores pasarán ante la Fiscalía de Madrid. Así hasta llegar a los 175 técnicos que, sólo en los aeropuertos de Barajas y de Torrejón de Ardoz, están vinculados al paro aéreo protagonizado por 442 controladores, según los expediente abiertos por Aena en toda España por un posible delito de sedición.

Por su parte, las fiscalías del resto de provincias afectadas por la huelga siguen investigando y algunas comenzarán a citar a los controladores los próximos días, caso de Canarias o Baleares, que junto a los de Madrid pudieron orquestar la sublevación que paralizó el espacio aéreo del país durante 20 horas. En Cataluña, por ejemplo, se investiga a 68 técnicos que abandonaron sus puestos de trabajo el viernes y el sábado. Además del delito de sedición, los fiscales apuntan también al presunto delito de falsedad documental si se descubre que los partes médicos que presentaron no eran ciertos.