Zapatero exhibe mano dura con los controladores

Ni falta de previsión, ni comportamiento temerario. José Luis Rodríguez Zapatero defendió ayer la gestión del ministro de Fomento, José Blanco, y la suya propia en el conflicto con los controladores aéreos de principio a fin. El presidente del Gobierno -que tuvo que oír las críticas del PP por haber aprobado el viernes, víspera de puente, el decreto que encendió los ánimos del colectivo- se ratificó en aquella decisión y alegó que de no haberla tomado se habría hecho «un flaco favor al principio de autoridad que es tan importante para el orden democrático». «Estoy convencido -dijo- de que esto será decisivo para poner orden, por fin, en este sector».

El jefe del Ejecutivo acudió a la cámara a explicar y justificar el recurso a una solución tan extrema como la declaración del estado de alarma el pasado sábado. Y lo hizo. Pero no estuvo ahí el núcleo del debate. Solo Izquierda Unida puso pegas a la excepcional medida. El resto, incluido Mariano Rajoy, la dio por buena. Lo que no hicieron todos, especialmente el PP, fue exonerar al Gobierno por el cariz que han tomado las cosas en la negociación con un grupo de profesionales al que, en todo caso, tildó de «privilegiado».

Zapatero, irritado, acusó a los populares de respaldar la medida no tanto por convicción como por interés partidista, es decir, porque es consciente de que la opinión pública está en este caso con el Gobierno. «Si tuviera el valor político de la sinceridad -reprochó a Rajoy- habría sido mucho más claro y nítido en su apoyo».

El tono firme tenía, con todo, una finalidad menos obvia que la de replicar al líder de la oposición. Zapatero salió al ruedo para demostrar que el puño de hierro exhibido este fin de semana con los controladores -y que tan bien ha sido recibido por los ciudadanos- no quedará en flor de un día. De hecho, se describió a sí mismo como el primer jefe del Ejecutivo dispuesto a plantar cara a un cuerpo profesional que nunca ha dudado en utilizar su «poder exorbitante» en sus reivindicaciones laborales. «Aquí no hay imprevisión, lo que hay es determinación de acabar con una situación insostenible», añadió.

«Deterioro serio»

Así explicó el sorpresivo decreto del viernes en el que fijaba el modo en el que debe hacerse el cómputo de las horas trabajadas por los controladores aéreos . Conforme a su relato, ya a finales de noviembre los controladores comenzaron a hacer «una interpretación sesgada y en su beneficio» de la normativa vigente desde el 10 de agosto sobre tiempos de actividad y descanso, y empezaron a «abandonar los puestos de trabajo». Sus cuentas indicaban que el 39% de los trabajadores de Barajas, el 8% de los de Canarias, el 65% de Palma de Mallorca y el 63% de Torrejón podían sumarse a esa práctica y producir un «deterioro» muy serio en la seguridad y el control aéreo «durante» el mes de diciembre. «El Gobierno hizo lo que tenía que hacer y ejerció su autoridad con gran responsabilidad», alegó.

Zapatero echó además mano, una y otra vez, de la sentencia de la Audiencia Nacional que respaldó el Real Decreto-Ley por el que se cambiaron las condiciones del convenio colectivo aplicado a los controladores desde 1999. Ese convenio debía haber sido renovado en 2005, pero la falta de acuerdo llevó a sucesivas prórrogas hasta que en febrero el titular de Fomento, José Blanco, optó por denunciarlo e imponer vía Consejo de Ministros una nueva regulación. «La intervención del legislador -determinó el tribunal- no solo era obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa».

También leyó el presidente del Gobierno la parte en la que la Audiencia asegura que los controladores han utilizado durante más de 20 años la negociación colectiva «en fraude de ley» y en la que habla de de que su comportamiento condujo a «un estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar». Todo para respaldar los pasos dados hasta la fecha.

«Todos los ministros han ido bandeando la situación y, en muchas ocasiones, han aceptado las presiones pero hay un ministro que se llama José Blanco que ha dicho que esto es intolerable; fue la primera conversación que me plateó a los pocos días de ser nombrado», dijo.

Ahora bien, ni la dureza de su tono ni la de sus actos permiten al Gobierno respirar tranquilo. El jefe del Ejecutivo no se atrevió a dar por hecho que bastarán los quince días de rigor en estado de alarma para doblegar a los controladores. Es más, pidió el apoyo de los grupos parlamentarios a una posible prórroga «en función del análisis de seguridad y tranquilidad» que se haga en los próximos días. «No vamos a estar ni un día más de lo necesario en estado de alarma; pero tampoco un día menos», concluyó.