USCA reclama al Supremo la desmilitarización para trabajar

El sindicato que agrupa a los controladores aéreos (USCA) pasó ayer a la ofensiva en el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de militarizar el tráfico aéreo civil y la declaración del estado de alarma. El colectivo profesional presentó dos recursos ante la Sala Contencioso-Administrativa del alto tribunal porque, a su juicio, los decretos aprobados por el Consejo de Ministros el viernes y el sábado pasados limitaron el derecho de USCA a la libertad sindical ya que para entonces la junta directiva ya tenía consideración de personal militar, lo que prohíbe el ejercicio de la sindicación.

La intención de USCA es que sea el Supremo, como máximo órgano judicial, quien dé autorización a los dirigentes del colectivo para poder representar a los controladores. Para ello reclama al alto tribunal que desmilitarice a los funcionarios de AENA y, de paso, al sindicato, para que así se pueda dar salida a los acuerdos adoptados por USCA en la reunión de urgencia celebrada antes de la aprobación de los reales decretos por el Consejo de Ministros.

En esa reunión se trató la nueva situación laboral en la quedaban los controladores, una vez que el Ministerio de Fomento decidió cambiar la regulación de sus horas de trabajo, y el acuerdo de interponer el correspondiente recurso frente al decreto que se dictase, dando para ello las instrucciones precisas a los abogados del sindicato.

Los recursos judiciales piden asimismo al Supremo que libre un oficio a la autoridad militar que está al mando de la situación, en este caso el Ejército del Aire, con el general José Jiménez Ruiz a la cabeza, a fin de que conozca la «específica habilitación» de los miembros de la junta directiva de USCA, el presidente Camilo Cela, el vicepresidente José Manuel Acebedo y el secretario general Abel Hernández.

Los escritos explican que durante la noche del viernes 3 de diciembre (decreto que militariza las torres de control) y la mañana del sábado 4, las autoridades de Fomento les comentan la «inminencia» de la declaración del estado de alarma, que se decreta al final a las 14.00 horas.

«Cuerpos ilegales»

El portavoz de USCA, César Cabo, explicó que la ofensiva judicial del colectivo llega por la imposibilidad legal de recurrir los decretos del Gobierno al estar militarizados. Señaló que se plantean «serias dudas» tanto del procedimiento que ha utilizado el Ejecutivo para acabar con la huelga salvaje como los «cuerpos ilegales» con los que se ha apoyado, dijo, en referencia de militares que pasaron a asumir el mando de las torres de control.

Tanto Cabo como otro de los portavoces de los controladores, Daniel Zamit, explicaron a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, donde ayer comparecieron los 12 primeros controladores citados por la Fiscalía Provincial de Madrid, que su responsabilidad en el paro aéreo es compartida con AENA.

Cabo, además, aseguró que «no en las mismas condiciones que un día normal, pero se podía haber seguido volando». A su juicio, la autoridad civil de Fomento «tomó» la decisión final de cerrar el espacio aéreo y dejar en tierra a decenas de miles de viajeros, por lo que «tendrá» que explicar sus razones.

El portavoz, quien reconoció que la reacción de sus compañeros fue «desmesurada», criticó que Fomento lleva más de un año «maltratando» al colectivo, diciendo que quiere negociar y luego actuando «decreto tras decreto: cuatro en un sólo año». Así «se ha provocado al colectivo y se podría haber evitado», aseguró Cabo.

El antiguo responsable de USCA -al que durante los días de la huelga no le tocaba trabajar- no quiso entrar en el fondo de la estrategia de silencio que están utilizando los controladores que han sido citados por la Fiscalía Provincial de Madrid. Tampoco respondió por qué sus compañeros prefieren que sea la jurisdicción penal militar y no la civil la que investigue los hechos, aunque fuentes fiscales explicaron que podría tratarse a que las penas del Código Penal Militar son inferiores a las de la jurisdicción civil.