Todos los partidos apoyan tramitar como ley la reforma del sector público

La reforma del sector público de la Junta de Andalucía se debatirá como proyecto de ley. En esto están de acuerdo todos los grupos políticos. Es en lo único que coincidieron ayer PSOE, PP e Izquierda Unida durante el debate en el Parlamento sobre la convalidación del decreto ley de reordenación del sector público y su trámite como ley por la vía de urgencia. Como estaba previsto, PP e Izquierda Unida, en sintonía con los sindicatos de funcionarios, pidieron la derogación del decreto que suprime 111 empresas públicas y reordena el sector en nueve grandes agencias, en las que coincidirán funcionarios, contratados laborales de la administración central y contratados laborales de las empresas a extinguir. PP e IU votaron en contra de su convalidación, ya que piden «partir de cero» y volver a elaborar otra norma con el consenso de partidos y organizaciones sindicales. El PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara, respaldó en solitario el decreto, ya en vigor. Decenas de funcionarios protestaron en casi todas las capitales. En Sevilla, se concentraron ante el Parlamento y anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta que el decreto se derogue.

«Es una aberración»

La oposición centró su debate en el decreto polemizado, que el portavoz del PP, Antonio Sanz, calificó de «aberración». Tanto la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, como el portavoz del PSOE, José Caballos, pusieron el acento en la oportunidad de diálogo y debate que ahora se ofrece, es decir, en la segunda parte de la propuesta llevada a la Cámara ayer, en el trámite del decreto como ley, que sí fue respaldada por todos los grupos políticos. «Rectificar es de sabios », dijo Caballos ofreciendo la mano tendida al PP. El portavoz socialista, Mario Jiménez, tenía intención ayer de comenzar a dialogar con los sindicatos de funcionarios con vista a la ley y había previsto una reunión con CSIF. Sin embargo, esta no se celebró a petición del propio sindicato.

Otras comunidades

Carmen Martínez Aguayo invitó a los grupos a huir de la «manipulación» y centrarse en un debate «sereno y serio» con dos objetivos: eliminar las dudas y la preocupación de los funcionarios y contrastar los modelos de administración de cada grupo. Aguayo justificó las prisas de aprobar el decreto en julio por el compromiso de todas las comunidades públicas en marzo de ajustar el sector público para reducir el déficit.