QUERELLAS

E toro de la huelga encubierta, que era un marrajo, un auténtico Barrabás, que dicen los taurinos, ha vuelto a los corrales, pero la eterna capea sigue. Miles de viajeros se querellarán contra cientos de controladores: un desigual combate que no iniciaron los primeros. El asunto va a traer cola. El ex fiscal general del Estado Ortiz Úrculo prepara una acción penal por delitos castigados con entre 6 y 12 años de cárcel, pero al mismo tiempo otros juristas exponen sus dudas. ¿Lo acordado por el Gobierno cabe en la Constitución? Quizá no cupo holgadamente, pero hay ocasiones en las que hay que estrecharse para que entre. El Estado la aplica cuando no hay sitio para todos y el mal de unos pocos se contrapone al bien general. Ya Pascal se hizo la pregunta y concluyó que cualquier poder aspira, ya que no logra conseguir que la justicia sea fuerte, a conseguir que la fuerza sea justa.

Un revuelo de togas no espera, pero los que se fueron a hacer puñetas fueron los viajeros. ¿Era lícito aplicar el Código Penal Militar en el Estado de alarma, que no hay que confundir con el estado de sitio, aunque lo preceda? Las medidas de excepción son muy peligrosas, pero nunca son excepcionales. Se recurre a ellas en caso de extrema necesidad o de extrema necedad de algún gremio que se siente capaz de paralizar a los demás. No siempre la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música, ya que hay momentos en los que el barullo impide oír. Esperemos para saber si hubo «escasa apoyatura legal». El remedio fue mano de santo, pero se ha demonizado a los controladores y ahora vienen las querellas. Se entregarán al «tribunal del viento», que decía Villamediana, que tampoco creía en la justicia. Por eso le ajusticiaron. Entre otras cosas.