El PP duda que Zapatero aplique todo el peso de la ley sobre los amotinados

El Partido Popular se mantiene en un amagar y no dar a la espera de que José Luis Rodríguez Zapatero explique con detalle su actuación en el conflicto con los controladores, pero la portavoz de la formación en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anticipó ayer que exigirán la aplicación de la ley «en toda su extensión» para que los amotinados no queden sin castigo. El anuncio de que la Fiscalía irá a por los «cabecillas» de la revuelta pero medita dar un trato de favor a quienes pudieron ser «coaccionados» ha levantado en el primer partido de la oposición la sospecha de que, una vez dado el puñetazo en la mesa, el Gobierno piensa relajarse.

Ese es el resquicio que han encontrado los populares para la crítica. Mariano Rajoy ya adelantó el lunes su apoyo a la declaración del estado de alarma que el jueves será explicada ante el pleno del Congreso por Zapatero, pero eso no quiere decir que piense ser suave con el Ejecutivo ni que descarte exigir «responsabilidades». Los populares defienden que el Gobierno tendrá que justificar por qué se llegó al escenario caótico del pasado fin de semana y miran de reojo al ministro José Blanco.

«Nosotros dimos un voto de confianza al Gobierno en su pugna con los controladores al apoyar el decreto que regulaba su nueva situación y diez meses después nos hemos encontrado con esto -reprochó en RNE el secretario general del grupo, José Luis Ayllón-; nos tienen que explicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha negociado, por qué no se ha llegado a un acuerdo y, sobre todo, por qué no tenían un 'plan B'». Sólo tras obtener una respuesta decidirán si es o no preciso exigir dimisiones como el domingo se apresuró a demandar el diputado popular Rafael Hernando.

Lo cierto es que no están solos en este argumento, ni en sus dudas sobre lo ajustado de haber aprobado el viernes por sorpresa un decreto en el que se especificaba cómo debían contabilizarse las horas laborales de los controladores. El portavoz de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, también puso sus pegas a ese gesto de autoridad justo en vísperas de un puente. En su blog asegura que es «muy posible» que la decisión fuera equivocada y extemporánea. «Si hemos esperado 30 años, podíamos haber esperado una semana más», escribió.

El socialista José Antonio Alonso replicó encendido a este reproche formulado de manera similar por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. «¿Es que el Gobierno tiene que pedir permiso a los controladores o tener algún tipo de recato a la hora de hacer un decreto ley por si los controladores se enfadan?». «¡Faltaría más!», recriminó. Dicho esto, reclamó a todos los grupos que se centren «en lo importante» que para que mañana el Congreso pueda enviar un mensaje «unitario y duro» ante el «intolerable e ilegítimo comportamiento» de un colectivo profesional en huelga salvaje.

Grados de responsabilidad

Alonso también aseguró que no existe tentación de abrir la mano con nadie. Y negó que la decisión de centrar el castigo en el núcleo que presuntamente presionó al resto de controladores se deba a una posición de debilidad del Gobierno, porque no tiene modo de sustituir a toda la plantilla. «La ley no exige lo mismo a los que coaccionan que a los eventualmente son coaccionados -justificó-. A partir de ahí, las instituciones del Estado de derecho aplicarán las leyes y el Gobierno será contundente en la exigencia de responsabilidades».

En realidad, nada está aún definido. Casi a la hora en la que Zapatero comparezca en el Congreso de los diputados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene previsto reunirse en Zaragoza con la junta de fiscales de tribunales superiores. Entre otras cosas, quiere fijar el tratamiento jurídico frente a este conflicto para garantizar la unidad de criterio allí donde se han incoado diligencias penales; de momento, en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Asturias.

El ministro de Fomento, José Blanco, trató en todo caso de contrarrestar el mensaje de suavidad con la «mayoría de los excelentes profesionales» dedicados al control aéreo con un uno de firmeza. Defendió así en su blog que a Zapatero «no le ha temblado ni le va a temblar nunca la mano» y que el Gobierno no tolerará que un episodio como el de hace cinco días vuelva a suceder.