Hacia la normalidad

La conmemoración del trigésimo segundo aniversario del referéndum de ratificación de nuestra Constitución, que tuvo lugar ayer con la solemnidad habitual, ha permitido cierta relajación del ambiente político, crispado por la irracional osadía de los controladores aéreos. Con independencia de algunas salidas de tono, las drásticas decisiones adoptadas por el Gobierno, que han frustrado el intento de chantaje de los controladores que llegaron a plantearle un ultimátum al ministro Blanco el mismo viernes por la tarde, han recibido el apoyo político que cabía reclamar en una coyuntura tan delicada, sin perjuicio de que el jueves, en la comparecencia de Zapatero en el Congreso, se requieran todas las explicaciones y se formulen las críticas procesales y de fondo que se consideren oportunas. Ayer, el presidente explicó ya la causa de que fuera Rubalcaba y no él mismo quien informase a la opinión pública de las decisiones que se iban adoptando: el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo convenció para que la primera intervención oficial del jefe del Ejecutivo para justificar aquella medida fuese ante el Parlamento. Ello ha hecho posible que Rubalcaba haya tenido otra ocasión para lucirse, en perjuicio del ministro de Fomento, severamente golpeado por sus propios funcionarios. El recurso al estado de alarma, un resorte constitucional de denominación inquietante, ha sido recibido en general con madurez por la opinión pública, que ha entendido que la propia Carta Magna ha proporcionado las herramientas para salvar una crisis sin precedentes. La duración fijada de la medida es de quince días, si bien el Congreso podría autorizar la prórroga; en principio, parece que las dos semanas establecidas deben ser suficientes para adoptar las decisiones oportunas que aseguren la atribución de responsabilidades administrativas y penales a los infractores, así como los cambios que modifiquen el modelo de control aéreo y garanticen la inviabilidad de nuevos abusos. Conviene en todo caso dejar atrás cuanto antes este traspié para que las instituciones se centren de nuevo en la gestión de la crisis económica, a la que no ha ayudado evidentemente este grave incidente.