La Fiscalía estudia pedir hasta dos años de prisión por «desobediencia»

La huelga «salvaje» de los controladores les podría salir muy cara en los tribunales. La Fiscalía General del Estado dio órdenes a los órganos territoriales afectados por el paro para que investiguen las razones que han llevado a los funcionarios a abandonar sus puestos de trabajo. El Ministerio Público espera recabar toda la información posible de las fuerzas de seguridad antes de tomar declaración a los controladores denunciados. Algunos de ellos ya están citados para el próximo jueves, caso de cien gestores del tráfico aéreo de los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Los fiscales tendrán en cuenta la «gravedad de los hechos y al número de ciudadanos afectados» para estudiar posibles imputaciones por un delito de desobediencia militar (dada la militarización de las torres de control decretada por el Gobierno el viernes), que está penado desde tres meses y un día hasta los dos años de prisión. La otra posibilidad es acusarles de un presunto delito de sedición por la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que recoge castigos de prisión «menores». No obstante, en el caso de que haya existido agravante la pena iría de los seis meses a los ocho años de cárcel.

Los propios fiscales tendrán que determinar si predomina el Código Penal Militar o la Ley Penal de Navegación Aérea para investigar la actuación de los controladores, sobre todo después de la entrada en vigor ayer del «estado de alarma». En todo caso, fuentes jurídicas señalan que la ley de navegación aérea predomina sobre los preceptos militares, ya que se trata de hechos punibles cometidos específicamente con ocasión del tráfico aéreo.

Informes médicos

La clave de las actuaciones judiciales tiene que ver con los partes médicos que han presentado los controladores para no acudir a su puesto de trabajo. Estos informes hablan de la «falta de adecuación de sus condiciones psicofísicas para el desempeño del cargo». Ahora, los fiscales tendrán que determinar por qué la práctica totalidad de los controladores han caído enfermos el mismo día y en las mismas horas. De lo contrario, se estaría dando por hecho que algunos certificados médicos son falsos, por lo que se estaría incurriendo en un ulterior delito de libramiento de certificados falsos por facultativo, lo que conlleva una multa para éste de entre tres y doce meses.

Las fiscalías territoriales que han abierto diligencias penales hasta el momento son Madrid, Cataluña, Galicia, Canarias, Baleares o Valencia. A esta ofensiva judicial se le une las denuncias presentadas este sábado por el Gobierno de Canarias, asociaciones de consumidores, pequeñas y medianas empresas o particulares.

El Gobierno canario, consciente del impacto económico que ha supuesto la huelga «salvaje» de los controladores, ha ordenado a sus servicios jurídicos que actúe en todos los frentes judiciales para exigir responsabilidades penales y civiles. Entiende que el abandono de los puestos de trabajo de los controladores puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia, sedición y contra la administración pública, por el «grave quebranto en la prestación del servicio público de transporte aéreo de Canarias». También los empresarios de ocio y servicio de la isla han presentado una denuncia ante el fiscal por «daños a las pymes».

Particulares afectados por el paro también se han organizado. Un matrimonio que el viernes presentó una denuncia penal contra los controladores que se ausentaron del trabajo, lo que hizo que sus hijos de 10 y 11 años no pudiesen regresar de Irlanda, lograron ayer que otros 2.000 pasajeros se sumen a la demanda gracias a la mediación de un bufete de abogados de Madrid.