¿Tiene Zapatero un 'plan C'?

El Gobierno acaba de aprobar un segundo paquete de medidas para apaciguar a los mercadospero apenas le ha dado tiempo a comunicarlas cuando se ha visto metido de lleno en la crisis de los controladores, que le ha forzado a tomar una decisión, la declaración del estado de alarma, inédita en democracia.

A la reforma laboral se ha sumado la supresión de las ayudas a los parados que han agotado los subsidios, un adelanto en la decisión de introducir cambios en el sistema de pensiones y una privatización parcial de los pocos 'tesoros' que aún conserva el Estado en su patrimonio. ¿Habrá un 'plan C', con nuevas reformas, si la presión de los especuladores vuelve a la carga en los próximos días? Los expertos piensan que, pase lo que pase, ha llegado la hora de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se adelante en las iniciativas, y ponga en marcha las modificaciones necesarias, no ya para convencer a los inversores de la capacidad del Estado de hacer frente a sus deudas, sino de que España se ha puesto las pilas y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para potenciar su crecimiento.

El Ejecutivo socialista se ha dejado en el camino a aliados tradicionales, como los sindicatos. Por eso, junto a las nulas esperanzas de que la oposición mayoritaria le apoye en esas reformas, empieza a dar por descontado que no podrá apelar a la negociación social ni convencer a las centrales. Los intentos de aproximación, plasmados en el nombramiento de un ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, a quien se supone más capacitado para tender puentes, se han encontrado con la misma respuesta implacable. Solo si el Gobierno da marcha atrás se podrán restablecer las condiciones para un diálogo social fructífero.

Rafael Pampillón, director del área de Economía del Instituto de Empresa, opina que el Gobierno ha aprobado una serie de cambios sin una verdadera convicción reformista. Reconoce que ha tenido que romper con sus bases y soportado un coste político muy alto. «Puestos a inmolarse, debiera ir adelante con todas las consecuencias», aconseja, y precisa las ventajas que derivarían de esas transformaciones.

Cree que aún quedan muchos ámbitos por abordar. Los primeros pasos para acometer la reforma de las primas a las renovables debieran ir seguidos de medidas que hagan posible un abaratamiento de la energía. En esta línea, Pampillón apuesta por la prolongación de la vida en las centrales nucleares.

En la reforma de las pensiones, explica que medidas como el alargamiento de la vida laboral o la adecuación de la prestación al periodo cotizado tendrían amplias consecuencias. «Además de reducir el número de jubilados y aumentar el de cotizantes, puede hacer crecer la productividad y supondrá una mejora de la actividad económica». En el mercado de trabajo, destaca la importancia que tendría la flexibilización de la negociación colectiva.

«Hacer caja»

Las privatizaciones que ahora se anuncian le parecen limitadas. Vender parte de la sociedad gestora de Loterías o el 49% de AENA permite al Gobierno «hacer caja», pero no son apuestas claras por la liberalización. «¿Quién va a comprar participaciones que no proporcionan el control?», se interroga. Pampillón sugiere vender los aeropuertos uno a uno, con lo que el Estado obtendría ingresos para rebajar deuda y los gestores privados se encargarían de introducir la máxima eficacia en el funcionamiento.

Plantea, además, la mejor vía para privatizar empresas que prestan servicios públicos. «Para eso están los marcos regulatorios, que posibilitan el control sin necesidad de mantener la propiedad», postula. Y cita el caso de Renfe: «¿Dónde están los incentivos para hacer las cosas mejor, cuando el transportista es público, el regulador también y, lógicamente, también son públicas las vías?».«El Gobierno seguirá por el camino emprendido, pero lo hará porque lo necesita, porque pintan bastos, y no por convencimiento», concluye.

Jordi Fabregat, profesor de Finanzas en la escuela de negocios Esade, opina que Zapatero podría sacar adelante un 'plan C' si el crecimiento de la economía el próximo año no muestra el vigor suficiente para que arranque un proceso de creación de empleo. «El Gobierno ha previsto un aumento del 1,3% del Producto Interior Bruto, cuando el más optimista de los expertos estima ahora que el avance estará en torno al 0,8%», puntualiza.

Y cree que, cuando compruebe que no se llega, Zapatero adoptará más medidas. «Por supuesto, manteniendo el objetivo de déficit del 6% del PIB como máximo, que debe ser irrenunciable», asevera. Entre las decisiones posibles, cita una subida de otros impuestos especiales. Aprueba el anuncio del Gobierno de activar la reforma de las pensiones, y el de encarrilar la del sistema financiero. Opina que los procesos emprendidos por las cajas pueden derivar en que algunos de los grupos o SIP sigan el modelo italiano, en el que un banco desarrolle la actividad financiera, mientras la caja se mantendrá como propietaria y podrá dedicarse a la función social que le caracteriza.

Para Fabregat, la otra gran apuesta es la reforma laboral. «Que sea un éxito puede ser la clave para potenciar el crecimiento», postula. Y explica que los empresarios deben perder el miedo a contratar. De este modo, si el paro se reduce, los hogares volverán a consumir. Por eso concluye que lo importante es acabar con la dualidad del mercado de trabajo que no beneficia a nadie, ni al empleado ni al contratador.

«Desconozco si el Ejecutivo tiene un 'plan C'», reconoce. A su entender, aunque algunas de las medidas adoptadas hasta ahora han sido duras, como la supresión de los 426 euros de ayuda a los parados, la mayoría va en la buena dirección. «Critico al Gobierno por no haber tomado decisiones antes de mayo, cuando la presión de los mercados le obligó a actuar. Desde entonces, mi censura se dirige a la oposición, porque no está colaborando en la aplicación de unas reformas que son necesarias», concluye.

La apuesta por el crecimiento que defienden la mayoría de los académicos y expertos está en el núcleo de la agenda que la consultora McKinsey y Fedea -asociación que aglutina a expertos de diferentes tendencias- presentaron la pasada semana.

¿Apuesta decididamente el Gobierno por la internacionalización? Algunas de las medidas liberalizadoras parecer ir en sentido contrario, según han denunciado las Cámaras de Comercio, a las que se acaba de suprimir de un plumazo la financiación a través de las cuotas obligatorias que vienen pagando las empresas. El presidente del Consejo Superior que aglutina a estos organismos atribuye la decisión a «un calentón». Más allá de esta polémica, algunos de los socios han advertido de que iniciativas de éxito pueden quedar estranguladas por falta de recursos.

Necesitadas de ayuda

Manuel Teruel Izquierdo, dirigente de la Cámara de Zaragoza, es además presidente de Taim Weser, una empresa de ingeniería y bienes de equipo que realiza el 100% de su facturación en el exterior. Defiende que el Gobierno tiene que descender a los problemas concretos.

Por eso sugiere dar continuidad a planes como el Pipe 2000, desarrollado entre el Instituto Español de Comercio Exterior, las Cámaras de Comercio y las Comunidades Autónomas. Financiado con fondos europeos que ahora han desaparecido, ha hecho posible la actividad de más de 7.000 empresas españolas que siguen exportando, y que han creado empleo en proporciones más altas que la media de cada sector. El programa identificó las posibilidades de cada una de ellas y las acompañó en su primer año de actividad exterior.