«Ahora mismo la situación de los ayuntamientos es caótica»

Antonio Aragón acaba ser elegido presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cádiz, un colectivo que representa a 95 profesionales de todos los consistorios la provincia. A pesar de que el cuerpo fue creado precisamente por la Constitución de 1812 para acabar con los desmanes de oligarcas, caciques y tiranos, la labor que realizan está constantemente en el punto de mira, pero casi siempre por cuestiones negativas. Ellos conocen, mejor que nadie, las bondades y las miserias de la administración municipal, uno de los pilares de la gestión pública más perjudicados por la actual situación económica.

-La nueva Junta de Gobierno del Colegio que usted preside tendrá que enfrentarse a un panorama que no parece muy alentador para las administraciones locales. ¿Cuáles son sus prioridades?

-Respaldar las garantías para el ejercicio de las funciones que tenemos legalmente encomendadas, proteger a los compañeros que están siendo sometidos a continuas presiones y fomentar la unidad necesaria para superar esa sensación de soledad que muchas veces sentimos en los ayuntamientos, donde encima, hoy por hoy, la situación es caótica. También queremos abrirnos a la gente. La sociedad en general y los jueces y tribunales en particular tienen que conocer nuestras funciones, saber que no somos colaboradores en la ejecución de los asuntos ilícitos sino informantes de la legalidad.

-Ustedes son testigos privilegiados, además de afectados directos, de cómo la crisis está tocando de lleno a la administración local. ¿La situación es desesperada?

-La situación de los ayuntamientos es insostenible. Principalmente por culpa del incumplimiento de los poderes legislativos, que no garantizan que las entidades locales tengan suficiencia financiera, aunque en muchos casos también es culpa de una mala planificación económica sustentada en el urbanismo, y de los propios ayuntamientos, que tienen los gastos descontrolados. Eso, sumado a la acumulación de competencias, hace que la mayoría de las corporaciones no tenga recursos para prestar los servicios mínimos obligatorios. De hecho, hay muchos ayuntamientos que no pueden pagar las nóminas, tienen las líneas de teléfono cortadas y sus índices de endeudamiento alcanzan cifras exorbitantes. Aún así, hay que apostar por el futuro y lanzar un mensaje de optimismo: se puede actuar, aunque sea preciso redefinir la administración en su conjunto.

-Los casos de corrupción en las entidades municipales están a la orden del día. Cada vez que se habla de una perversión de los mecanismos de control de cuentas, de 'problemas' con la contabilidad, o de la facilidad con que se otorgan licencias urbanísticas cuando conviene, están ustedes en el disparadero. ¿Cuál es exactamente su papel?

-Hemos sufrido procesos en los que se nos han imputado conductas de las que no somos responsables, ya que nosotros informamos, pero no tomamos resoluciones corporativas. Nosotros no decidimos. Ha habido juicios, por ejemplo, en los que un secretario ha estado imputado cuatro años por la decisión de un político. Es cierto que, cuando hay problemas, algunos alcaldes se justifican diciendo: 'El secretario, o el interventor, o el tesorero, lo sabía'. Pudieron haberlo sabido, y si era de su competencia habrían informado sobre ello, pero ahí terminaron sus responsabilidades.

-¿Tienen ustedes armas suficientes para frenar a alcaldes o corporaciones empeñados en ignorar o directamente vulnerar la ley?

-No. Nuestras armas son el bolígrafo y el papel. Nos vemos limitados a informar de si se cumple o no se cumple la ley. No podemos parar nada.

Profesión de alto riesgo

-¿Para muchos políticos son ustedes el equivalente a los 'Asuntos Internos' de la Policía? ¿Recelan de entrada?

-Es muy duro acudir cada día a nuestro trabajo y que los políticos, en muchos casos, te consideren un incordio. Nuestro deber es ser, siempre, independientes. Ellos no son nuestros jefes. Nuestro jefe es la ley, y nuestras funciones de fe pública, asesoramiento legal y control económico-financiero son esenciales para la eficiencia de la administración local. Nuestro control es un control para la mejora.

-¿Sufren presiones por parte de los responsables políticos por intentar que se cumpla?

-Continuamente. Por suerte hay políticos y ayuntamientos que respetan y aprecian la labor que hacemos, pero desgraciadamente nuestra profesión es una profesión de alto riesgo. Algunos nos ven como 'el enemigo en casa'. Recientemente, un alcalde le dijo a un compañero, de forma amenazante, que se largara, que pensaba colocarlo detrás de la puerta y reducirle el sueldo, y todo por un informe fundamentado contra una propuesta irregular. Nos han llegado a incomunicar, e incluso han intentado abrirnos expedientes para amilanarnos. A una compañera le dijeron que cobraría menos que el conserje. Llegamos a sufrir situaciones de verdadero acoso laboral que acaban de forma dramática. Hablo de casos en la provincia que me reservo para poder defenderlos como se merecen en juzgados y tribunales.

-¿Cuál es la posición del Colegio sobre el caso de San Fernando, que ha hecho saltar las alarmas sobre el control o descontrol de las cuentas municipales?

-En San Fernando, todos los controles, internos y externos, están ahora mismo funcionando. Tanto judiciales como administrativos. Hay una persona en la cárcel y otra procesada que no son de nuestro colectivo. Por lo demás, exigimos que prime la presunción de inocencia para todos.