Los militares toman el control del espacio aéreo

Caos total y respuesta 'manu militari'. El plante masivo de centenares de controladores aéreos a media tarde de ayer, ante una nueva vuelta de tuerca del Ministerio de Fomento en la particular guerra que tienen abierta ambas partes, provocó el cierre del espacio aéreo español. Un descalabro sin precedentes que dejó tirados y sin puente de la Constitución a más de 250.000 pasajeros.

Escenas de desesperación e ira contra los vigilantes del cielo se vivieron en los aeropuertos de todo el país y de buena parte de Europa, mientras las autoridades y las compañías aéreas trataban de frenar el aluvión de pasajeros que se dirigían hacia los aeródromos. Ante la gravedad de los hechos, pasadas las once de la noche el presidente del Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa a asumir el mando en las torres. A esa hora, solo unos pocos controladores de El Prat y el aeropuerto de Sevilla regresaron a sus puestos, mientras sus compañeros de Barajas se acercaban a sus puestos pero se negaban a firmar la documentación que deben rubricar para iniciar sus labores.

La militarización del servicio de control aéreo, un hecho sin precedentes en España, recuerda un gesto similar de Ronald Reagan en 1981. Poco después de que José Luis Rodríguez Zapatero dejara en manos de Carme Chacón el espacio aéreo español, mandos militares se apresuraron a presentarse en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Sevilla con una orden clara, la de supervisar la gestión del tráfico aéreo. Al tiempo, varias decenas de controladores militares hacían lo propio hacia instalaciones de uso compartido con vuelos civiles ante la posibilidad de que fuera necesario desviar vuelos a esos aeródromos. El jefe del Estado Mayor del Estado asumía todas las funciones hasta que los controladores depusieran su actitud.

Todo sucedió sin que nadie pudiera preverlo. Por la mañana, el Consejo de Ministros aprobó, a instancias de José Blanco, un añadido a la ley que regula los tiempos de trabajo de los controladores aéreos, que en los últimos días habían protagonizado serios incidentes, argumentando que muchos habían completado su cupo de horas anual, hasta el punto de obligar a cerrar el aeropuerto de Santiago.

La reacción del Ejecutivo, que bloqueaba una vez más mediante un 'decretazo' los movimientos de estos profesionales, desató la ira de estos. De forma sorpresiva, y a la misma hora en que el presidente de su sindicato (USCA), Camilo Cela, llamaba a la calma en las torres, cerca de un 70% de los controladores se levantó de sus puestos de trabajo aduciendo que se sentían incapaces de continuar con su jornada laboral. Según fuentes de Aena, incluso, reclamaban que les atendieran médicos militares «para ganar más tiempo».

Uno tras otro, todos los aeropuertos fueron 'cayendo', mientras miles de pasajeros se acumulaban en los mostradores y los aviones quedaban detenidos en las pistas con el pasaje a bordo. Saltaron todas las alarmas y la situación se complicó sobremanera. Justo el día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trataba de contrarrestar el ataque de los mercados financieros con un nuevo paquete de medidas anticrisis, que le obligó a ausentarse -algo inédito- a la Cumbre Iberoamericana.

Gabinete de crisis

Blanco instituyó un gabinete de crisis junto al presidente de Aena, Juan Lema, y al secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, desde el que tratar de devolver la normalidad y buscar alternativas a los miles de damnificados. Los controladores no deponían su actitud y la crisis alcanzaba proporciones insospechadas.

Pero Blanco se guardaba un as en la manga. El nuevo real decreto incluía la posibilidad de someter a la jurisdicción militar el servicio de control. Un gesto con el que amagó en verano ante la insinuación de una huelga de USCA pero que, finalmente, no concretó. Tras sucesivos e infructuosos contactos con el sindicato, el ministro compareció y lanzó un ultimátum: si a las 21.30 horas no abandonaban su «chantaje» en forma de «huelga salvaje», el Gobierno publicaría un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario y urgente para permitir ese paso. El objetivo era forzar el regreso a partir de las 22.00 horas, momento en el que debería procederse a cambios de turno en algunos aeropuertos.

Una posibilidad prevista en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Aérea, que prevé ese paso si el presidente del Gobierno así lo decide por concurrir «situaciones de emergencia, declaradas por el Ministerio de Defensa». Entraba en juego Carme Chacón, informada desde el principio de la crisis y que se había sumado desde la discreción al equipo de urgencia, así como el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.

Todo un órdago, ya que, como recordaban fuentes de Moncloa, la dependencia directa de las torres de control de los militares suponía que los controladores no se enfrentaban solo a sanciones administrativas dentro de su propia empresa. Defensa asumía la organización, planificación y la supervisión del servicio.

Y añadían estas mismas fuentes: «Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar».

El BOE extraordinario, que entraba en vigor en el mismo momento de su publicación, incluía también otro punto sobre las extrañas 'epidemias' de los controladores, al señalar que serán los médicos que elija Aena los que examinen de forma inmediata a los vigilantes del cielo que aseguren sufrir problemas de salud que les impidan realizar su trabajo. Fuentes del Ejecutivo añadieron que los servicios jurídicos del Estado ya se han puesto manos a la obra para determinar eventuales responsabilidades personales o colectivas entre los controladores.