El Gobierno acelera las reformas

El presidente del Gobierno dejó clara esta semana su determinación de acelerar las reformas para aplacar a los mercados antes de que sean los propios especuladores quienes le impongan los ajustes, como sucedió en mayo pasado, cuando las turbulencias en torno a la deuda estuvieron a punto de arrojar a España al pozo de un rescate financiero. El Consejo de Ministros dio luz verde a sus nuevas medidas, que incluyen una subida de impuestos sobre el tabaco, rebajas fiscales a las empresas y la supresión de las ayudas de 426 euros a parados sin prestación. Además, puso fecha a la reforma de las pensiones: se hará el 28 de enero, haya o no acuerdo en el Pacto de Toledo.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha empleado a fondo para no perder el control del timón. El pasado miércoles, tras una semana de rumores sobre la solvencia del país y dos días de desplomes bursátiles que dispararon al 14% las pérdidas del Ibex-35 en noviembre, el jefe del Ejecutivo sorprendió al Congreso de los Diputados al anunciar nuevas medidas destinadas a reducir gastos y dinamizar la actividad empresarial. Este viernes dio un paso más, y su vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que abordará de forma inminente la gran reforma estructural pendiente, que los mercados y la patronal reclaman desde que la crisis disparó el déficit. Esa determinación contribuyó a corregir al alza la deriva bajista del Ibex, que cerró la semana con una subida del 4,89%, la mayor desde principios de julio, y recuperó los 10.000 puntos.

Rubalcaba puso así fecha de caducidad a unas discusiones en el seno de la comisión del Pacto de Toledo que se han alargado muchos meses. El 28 de enero -un año después de que dicho organismo recibiera el encargo de elaborar un informe sobre la reforma- el Consejo de Ministros aprobará la regulación del nuevo sistema, por decreto si es necesario, para que pueda ser enviada «inmediatamente» al Parlamento. El vicepresidente explicó que este anuncio no significa que el Gobierno renuncie al acuerdo. Su intención es «intensificar» el diálogo para llegar a la meta cuanto antes. «Para el Gobierno el tiempo ha terminado y creemos que es bueno fijar una fecha para que todo el mundo sepa a qué atenerse», dijo.

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, consideró que la reforma de las pensiones dará «confianza» a los mercados. En las últimas cuarenta y ocho horas, recordó, los inversores se han calmado «y los fundamentos de nuestra economía no han cambiado». «Tenemos que tratar las turbulencias como turbulencias», recalcó.

El Gobierno aprobó el decreto ley que recoge las medidas en el ámbito fiscal y laboral que anunció Rodríguez Zapatero en la pasada sesión de control. Y sumó una más al paquete, un aumento de los impuestos especiales que gravan el tabaco, que encarecerá 25 céntimos de media cada cajetilla. El Ejecutivo confirmó, asimismo, la liquidación de las ayudas de 426 euros para parados sin prestación. Como contrapartida, presentó la contratación de 1.500 orientadores laborales (se sumarán a 1.500 que ya trabajan en los servicios de empleo) que se incorporarán el 1 de enero para ofrecer atención personal a los parados.

Beneficios fiscales

El decreto también consagra la elevación, de 8 a 10 millones de euros, de la facturación límite que posibilita acogerse al régimen especial de las empresas de reducida dimensión, que garantiza un tipo reducido del 25% en el impuesto de Sociedades, frente al 30% del gravamen general. La misma ventaja disfrutarán las compañías que declaren una base imponible de hasta 300.000 euros, frente al límite anterior de 120.000. El Gobierno cifra en 40.000 las empresas que se beneficiarán de esas ventajas. Además, se amplía hasta 2015, la libertad de amortización para inversiones nuevas vinculadas a la actividad económica, y se extiende a todas las compañías sin la obligación de mantener el empleo.

Queda aprobada, además, la privatización de una parte de AENA, para dar entrada a capital privado en la gestión de los aeropuertos. Asimismo, el Gobierno dio luz verde a la privatización de hasta el 30% de Loterías y Apuestas del Estado.

La norma declara voluntaria la pertenencia a Cámaras de Comercio, y por tanto el pago de las cuotas, que hoy sufragan 2,5 millones de empresas. En 2008 esas aportaciones obligadas sumaron 250 millones de euros, de los que 90 millones fueron aportados por pymes y autónomos.