Defensa niega que los vuelos de la CIA llevaran prisioneros

El Ministerio de Defensa negó ayer que los vuelos de la CIA que pasaron por territorio español llevasen sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente con destino a cárceles secretas. La ministra Carme Chacón salió al paso de las nuevas revelaciones de Wikileaks, según las cuales el Gobierno no puso objeciones a la estrategia de la inteligencia norteamericana, para defender la actuación del Ejecutivo en este asunto. Chacón aseguró que su departamento «siempre» cumplió con el Convenio de Defensa firmado por ambos países, que prohíbe que los vuelos militares de EE UU que hagan escala en España transporten personas o cargas «comprometidas». Asimismo aclaró que posee un escrito de Washington en el que asegura que nunca vulneró el convenio.

La respuesta de Chacón en los pasillos del Congreso, una vez concluido el pleno, es la primera de un miembro del Gobierno desde que la publicación de las notas de Wikileaks les pusiera en un aprieto. Primero tras conocerse las presiones de la diplomacia estadounidense para manejar asuntos judiciales que les afectaban. Y ahora con un asunto tan sensible como los vuelos secretos de la CIA, de los que el Consejo de Europa acusó en un informe a una docena de gobiernos europeos, entre ellos España, de ser cómplices en prácticas contrarias a los derechos humanos.

La ministra entró al fondo del asunto después de que una nota secreta publicada por 'El País' dejara al Ejecutivo en una situación comprometida. Fue en junio de 2006 y en el ambiente aún planeaban las delicadas relaciones entre el Gobierno y la administración de George W. Bush tras la retirada de Irak. Con este clima, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tuvo una reunión con el embajador Eduardo Aguirre en el que trataron, entre otros temas, los vuelos de la CIA, un asunto que el Gobierno no quería que le cogiera «desprevenido».

«Ninguna objeción»

«De la Vega subrayó que España no ponía ninguna objeción a los vuelos secretos a través de territorio español», informó Aguirre a la Secretaria de Estado de su país. Ello, pese a que la vicepresidenta aseguró públicamente en diciembre de 2008 que el Gobierno «no tiene nada que ocultar ni que amparar».

En la reunión también se trató otro asunto que preocupaba al embajador: la admisión de una querella sobre los vuelos en la Audiencia Nacional por presuntos delitos universales. «Moratinos indicó que quería dar a este asunto el perfil más bajo posible», escribió Aguirre. No obstante, los informes muestran la preocupación por la evolución de la querella, más si cabe cuando el fiscal Vicente González Mota -«un comprometido y servicial colega»- pidió al juez Ismael Moreno la detención de 13 ocupantes de uno de los aviones por estar implicados en el secuestro del ciudadano alemán Khaled el-Masri, que pasó cinco meses en una cárcel secreta de Afganistán.