Wikileaks revela tensiones en la Audiencia por las presiones de EEUU

La campaña de la diplomacia estadounidense para frenar causas judiciales que le afectaban generó importantes tensiones entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Nuevos informes de Wikileaks revelaron que la evolución del 'caso Couso' y la apertura de un proceso para investigar la cárcel de Guantánamo redoblaron las presiones de la Embajada de EE UU sobre sus interlocutores, entre ellos altos cargos del Gobierno y responsables del Ministerio Público. En la legación norteamericana en España, encabezada entonces por Eduardo Aguirre, había solo una máxima: utilizar toda la influencia posible para que las causas se archivasen.

Era 19 octubre de 2005 y el juez Santiago Pedraz acababa de ordenar la detención de tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del periodista José Couso. Habían pasado más de dos años desde que se presentara la querella en la Audiencia Nacional y la noticia cayó como una bomba en la Embajada norteamericana. Los ánimos estaban enardecidos. Y la reacción fue inmediata. «Los ministros españoles están trabajando para que no prospere la orden de detención internacional», escribió el embajador Aguirre en un informe confidencial fechado a 21 de octubre.

El máximo responsable de la legación transmitió que el Gobierno «debe actuar con unidad mientras trata de influir en la judicatura española, ferozmente independiente», según recoge la nota publicada en 'El País'. Las primeras noticias no tardaron en llegar y fueron buenas: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, pidió el archivo de la causa porque no había quedado acreditada la autoría de los militares. En marzo de 2006, la Sala de lo Penal confirmó el sobreseimiento del caso y enmarcó el incidente en un «acto de guerra».

La alegría de Eduardo Aguirre duró poco. El Supremo ordenó reabrir la causa en diciembre de 2006 y cuatro meses después el juez Pedraz ordenó el procesamiento de los militares. Entremedias, según las notas de Wikileaks, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, despachó con el embajador y le comentó la posición inamovible del Ministerio Público. Además, le auguró que el caso «no llegará a ninguna parte».

Conversación de «alto nivel»

Mientras que el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantizaba a la familia Couso que tramitaría las detenciones, el embajador afirmó en una nota que intensificaría los contactos de «alto nivel», que incluían conversaciones con María Teresa Fernández de la Vega o con Miguel Ángel Moratinos. El 1 de junio de 2007, en un informe con motivo de la visita a España de la secretaria de Estado, Condoleeza Rice, Aguirre informó de que el Ejecutivo «ha ayudado entre bastidores» para cerrar la causa pese al «apasionamiento» del juez. También Conde-Pumpido le comentó al embajador que «hace todo posible para que el caso se archive».

Al 'caso Couso' se le sumó un nuevo frente con la apertura de una investigación sobre la cárcel de Guantánamo, en primavera de 2009, a cargo de Baltasar Garzón. «Zaragoza [fiscal jefe de la Audiencia Nacional] tiene una estrategia para torcer el brazo de Garzón. Dice que la imparcialidad del juez está bajo sospecha, dadas sus críticas públicas a Guantánamo y a la guerra de EE UU contra el terrorismo», escribe el embajador en un informe secreto. Se intensificaron las conversaciones entre Zaragoza y Aguirre en las que el primero aconsejó que Estados Unidos abriera su propia investigación para que se cerrase la de España, e insistió en que intentaría en que fuera el juez Ismael Moreno y no Garzón quien lo investigase.

Estas nuevas filtraciones de Wikileaks siguen causando ampollas en el mundo de la judicatura. El fiscal general del Estado volvió a negar ayer que hubiera prestado labores de asesoramiento jurídico a EE UU. Conde-Pumpido señaló que los jueces y fiscales españoles actúan con «absoluta independencia, no se dejan influir por nadie y no admiten ningún tipo de presión ni injerencia». Una respuesta insuficiente para determinadas asociaciones de jueces y fiscales, como la Asociación Profesional de la Magistratura o la Unión Progresista de Fiscales, que exigieron al Ministerio Público explicaciones «más detalladas» sobre las filtraciones que han removido los cimientos de la judicatura.