El Gobierno ingresará 9.000 millones de euros al privatizar el 49% de Aena

La presión de los mercados es mucha y el déficit, muy alto. Ante semejante escenario, José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por hacer suyas algunas de las tradicionales recetas del Partido Popular para abrir el camino de las privatizaciones. Una senda que inicia con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). El gestor aeroportuario constituirá antes de marzo una sociedad estatal (Aena Aeropuertos S. A.) en la que dará entrada a la iniciativa privada en hasta un 49% de su capital, dentro de un proceso que se prolongará durante todo el próximo ejercicio.

La parte encargada de la navegación aérea seguirá siempre en manos públicas. Con esta operación el Estado ingresará unos 9.000 millones de euros que, sin embargo, no queda claro que sirvan para recortar la deuda de la compañía, que supera los 12.000 millones. «Podría ir todo al Tesoro, será el accionista el que decida», reconoce el presidente de Aena, Juan Lema.

Hasta ahora, el nuevo modelo aeroportuario anunciado por José Blanco había limitado la privatización al 30% de la empresa y restringido la gestión y el control a la empresa pública. Con ese 'cebo', todos los posibles interesados -y hay varios en España- habían declarado que la idea era buena pero que no pondrían su dinero en una compañía para «no poder mandar nunca».

Blanco ha cambiado el discurso, la estrategia y, sobre todo, el porcentaje. Ese 49% es ya más atractivo. El propio ministro asegura que nada más anunciarse la privatización recibió llamadas de varios fondos de inversión y de compañías nacionales «con experiencia en el sector». Ferrovial y Abertis, grandes jugadores mundiales en la gestión aeroportuaria, ven ahora otra perspectiva en la privatización de Aena y ya han mostrado su interés.

El Gobierno no ha despejado una incógnita importante, la de cómo sacará al mercado el capital de Aena. Fuentes próximas al operador apuntan que lo más «lógico» sería sacar a Bolsa un porcentaje cercano al 20% y repartir el 29% restante entre inversores mitad financieros, mitad expertos en el negocio aeroportuario.

Al mejor postor

No menos importante es el giro al proyecto inicial que manejaba Fomento para, finalmente, permitir la gestión completamente privada en el próximo año y medio de las dos 'joyas de la corona': Madrid-Barajas y El Prat. Estos aeropuertos 'especiales' (rentables) se gestionarán bajo un sistema concesional: un concurso abierto en el que el ganador pagará un canon a Aena.

Se da la paradoja de que los eventuales dueños de Aena Aeropuertos S. A. (por ejemplo, una empresa como Abertis) podrían presentarse al concurso de concesión. También es factible que una empresa pública autonómica hiciera lo propio.

Las primeras estimaciones sitúan ese canon por Madrid y Barcelona en unos 1.500 millones de euros anuales en conjunto. El plazo de concesión será de 40 años, y los privados serán libres para imponer las tarifas que quieran en alquileres, aparcamientos o todo tipo de explotación comercial. No podrán, sin embargo, alterar las tasas sobre seguridad, pasajeros, aterrizaje o aparcamiento en plataforma (pistas).

El Gobierno, que gestionará a través de Aena Aeropuertos S. A. los aeródromos poco atractivos para los privados, ha dejado abierta -aunque sin aclarar demasiado- una tercera opción: la de la creación de filiales para gestionar instalaciones a medio camino entre las muy deficitarias y las realmente atractivas.

La intención de José Blanco es dar entrada en los consejos de administración de esas filiales a instituciones próximas a los aeropuertos, como pudieran ser cámaras de comercio o asociaciones de promoción. Al mismo tiempo, el nuevo modelo de Aena prevé la creación de comités de coordinación aeroportuarios, formados por el Estado y las comunidades autónomas, que buscarían el modo de impulsar las rutas y las políticas urbanísticas, medioambientales o territoriales de cada aeropuerto.