La izquierda reclama explicaciones en el Congreso

Los grupos minoritarios de la izquierda exigieron ayer que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, comparezcan lo antes posible en el Congreso para explicar su «complicidad» con las autoridades estadounidenses para «frenar o tapar» tres procesos abiertos en la Audiencia Nacional contra militares y miembros de los servicios de inteligencia de ese país.

IU, ERC y BNG reclamaron que ambos altos cargos aclaren si es cierto, como señalan los documentos de la diplomacia estadounidense desvelados por Wikileaks, que admitieron «presiones» del Departamento de Estado y de la embajada en Madrid para suministrar información privilegiada y tratar de abocar al archivo las investigaciones por la muerte en Bagdad del cámara de televisión José Couso, por la colaboración española con los vuelos secretos de la CIA y por las torturas y demás delitos sufridos por los presos de la base de Guantánamo.

Gaspar Llamazares calificó la información revelada por las notas como «un escándalo que afecta a nuestro país y a la Justicia» y reclamó que el Gobierno cese de inmediato a Conde-Pumpido si no es capaz de explicar su «colaboración» y la de otros jefes de la Fiscalía con Estados Unidos para «tapar a responsables de crímenes inaceptables y de vulneraciones de derechos humanos».

El portavoz de IU dijo que sus primeras aclaraciones sobre «estas relaciones oscuras e inconfesables» son «insuficientes» y que los documentos filtrados, y publicados por el diario 'El País', apuntan a que el Ministerio Público «informaba a los acusados al margen de las relaciones con la Justicia y colaboraba con ellos más allá del derecho de defensa», por lo que, incluso, los fiscales pudieron haber infringido su estatuto orgánico o cometido delitos.

Francisco Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego, no entiende por qué el Gobierno guarda «un clamoroso silencio» ante «hechos tan graves y escandalosos» como las «presiones» ejercidas por la diplomacia de Estados Unidos y cree que las revelaciones de Wikileaks «deberían dar lugar a la asunción de responsabilidades políticas» porque muestran «la complicidad de altos cargos españoles para frenar procesos judiciales».

«Siempre respeté la ley»

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, que ocupó las carteras de Interior y Defensa entre 2004 y 2008, se limitó a señalar que los documentos desvelados son «prácticas diplomáticas de embajadas norteamericanas» y, por lo tanto, «informaciones y opiniones unilaterales de funcionarios» de ese país que «tienen el valor que tienen» porque deben ser contrastadas con los hechos que «realmente sucedieron» en cada momento.

Alonso indicó que «a los responsables públicos hay que tasarles por lo que hacen y no por lo que otros dicen que hacen» y señaló que, en su caso, «siempre he respetado la legalidad y he rechazado cualquier mínimo atisbo de ilegalidad». Recordó la retirada unilateral de las tropas de Irak y añadió que «el Gobierno siempre dijo que España es un país soberano y que si a Estados Unidos no le gusta pues...».

El PP optó por la máxima prudencia. Soraya Sáenz de Santamaría rehusó valorar el contenido de los documentos de Wikileaks referidos a España porque «pueden afectar a aspectos importantes de las relaciones diplomáticas e internacionales».